WASHINGTON – Los Estados Unidos de Donald Trump y Europa están viviendo su primer enfrentamiento por la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes el presidente norteamericano que ha convertido la política de asilo en parte de su estrategia antiterrorista. Tras las críticas recibidas desde el otro lado del Atlántico, el magnate subrayó ayer la necesidad de que su país tenga unas “fronteras sólidas” y criticó la situación migratoria en Europa. “Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, AHORA. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo – ¡un lío terrible!”, manifestó Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personas de Twitter.

El decreto ley suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión, durante 90 días, de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con historial terrorista Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio. Ese veto provisional, que empezó a aplicarse inmediatamente, provocó caos e indignación en medio mundo: numerosos viajeros veían bloqueado su acceso al territorio estadounidense y se producían protestas en el aeropuerto neoyorquino de JFK y en otros puntos del país.

En medio del revuelo causado, una jueza federal bloqueó a última hora del sábado parte del polémico veto, en respuesta a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva de Trump que pone en duda su constitucionalidad. La jueza Ann M. Donnelly, del tribunal del distrito federal de Brooklyn (Nueva York), dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países de origen. En este sentido, la jueza concluyó que aplicar el mandato del presidente con el envío de esas personas a sus países podría causar un “daño irreparable”. Con todo, Donelly no declaró que los afectados puedan permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar el caso. Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales de Virginia, Seattle y Boston tomaron decisiones similares.

La ACLU, una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, puso la demanda después de que dos ciudadanos iraquíes con visados especiales para entrar en Estados Unidos fueran retenidos en el aeropuerto JFK. Según esta organización, entre 100 y 200 personas fueron detenidas solo el sábado a su llegada a aeropuertos del país norteamericano.

A pesar de estas medidas y las protestas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió ayer en que seguirá aplicando la polémica orden de Trump para “asegurar la seguridad del pueblo estadounidense”. En un comunicado, el DHS indicó que el Gobierno “cumplirá los mandatos judiciales”, si bien reiteró que las órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que “los viajes prohibidos seguirán prohibidos”.

“El Gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional”, subrayó. El decreto, enfatizó la nota, “afecta a una pequeña porción de viajeros internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de Estados Unidos y la seguridad nacional”. “Ningún nacional extranjero en suelo extranjero, sin vínculo con Estados Unidos, tiene un derecho sin restricciones para demandar la entrada en Estados Unidos o demandar prestaciones por inmigración en Estados Unidos”, concluyó la nota.

OTROS AEROPUERTOS Los efectos del decreto de Trump también empezaron a notarse durante el fin de semana en los aeropuertos de Oriente Medio, donde las compañías aéreas están aplicando la prohibición de viaje a los ciudadanos de los siete países. Como ejemplo el de una familia siria de tres miembros que fue enviada de vuelta a Beirut a bordo de un avión de la aerolínea nacional libanesa, Middle East Airlines, desde el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, donde hacía escala rumbo a Atlanta. La familia disponía de los documentos que le permitían la entrada a territorio estadounidense. Todas las compañías aéreas que operan en el aeropuerto internacional Rafic Hariri de la capital libanesa se han comprometido a aplicar las restricciones de viaje.

Por su parte, la compañía Emirates anunció ayer que se compromete con las instrucciones estadounidenses y con “la protección de las fronteras” de ese país. En un comunicado, la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos (EAU) señaló que la orden ejecutiva de Trump “afecta a un número muy reducido de los pasajeros” que viajan desde o hacen escala en el país del Golfo Pérsico rumbo a Estados Unidos. Asimismo, manifestó su disposición a ayudar a los pasajeros afectados, cambiando la reserva de sus billetes, así como devolverles el coste de los mismos.

También señaló que las nuevas medidas se aplican a todos los pasajeros y a los miembros de la tripulación, y que la empresa ya ha realizado “los cambios necesarios” en sus empleados que viajan a bordo de aviones que cubren las rutas con EEUU. Y es que, según advirtió la Agencia Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el decreto también afecta al personal de cabina. – Efe

REACCIONES

Alemania. La canciller Angela Merkel declaró estar “convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión”. Partidos alemanes de diverso signo rechazaron el veto, y el expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, candidato socialdemócrata a las elecciones generales germanas, dijo que Trump había roto “un tabú”, lo que dañará las relaciones transatlánticas, puntal tradicional de la política exterior alemana.

Reino Unido. El Gobierno de Theresa May ha calificado el decreto de “divisorio” y “equivocado”. La primera ministra ordenó además a sus ministros de Exteriores e Interior, Boris Johnson y Amber Rudd, respectivamente, que hablen por teléfono con sus colegas de Estados Unidos para evaluar el impacto de las medidas en refugiados e inmigrantes y en los británicos con doble nacionalidad de los países afectados.

Francia. Durante una conversación telefónica, el presidente francés, François Hollande, recordó a Trump que la defensa de la democracia implica el respeto de los principios en los que se sustenta, “en particular la acogida de los refugiados”.