«La prensa ha tomado a Trump literalmente, pero no seriamente; el pueblo le ha tomado seriamente, pero no literalmente». En campaña, esa frase fue uno de los ejes de la defensa del hoy presidente. Era un esfuerzo por normalizar al candidato. Significaba que no iba a llevar a cabo ninguna de las medidas extremas de las que hablaba en los mítines. Eso era sólo para ganar votos. Una semana después de jurar el cargo, la literalidad del presidente se plasmaba en una docena de personas arrestadas en los aeropuertos de EEUU.

Su delito: proceder de alguno de los siete países de población mayoritariamente musulmana que están incluidos en una orden ejecutiva firmada por Trump el viernes en el Departamento de Defensa: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. «Ésta es una cosa grande», dijo el presidente, con el nuevo secretario de Defensa, el general retirado James Mattis, a la izquierda y su vicepresidente, Mike Pence, a la derecha, después de estampar su firma en la orden, cuyo título Trump leyó dos veces: Proteger a la Nación de la Entrada en Estados Unidos de Terroristas Extranjeros.

En la práctica, la orden es una prohibición a la entrada de musulmanes de esos países, algo consistente con lo que Trump dijo, literalmente, durante la campaña. El presidente de Estados Unidos, además, está dispuesto a ir más lejos. En una entrevista que hoy emite el canal de televisión evangélico Christian Broadcasting Network, Trump no niega que vaya a dar prioridad a la entrada de refugiados cristianos procedentes de esos países. Eso plantea una cuestión constitucional, porque es una discriminación por motivos religiosos.

La orden, además, es confusa y redundante. «Varias de sus disposiciones ya están siendo aplicadas desde hace tiempo a la hora de conceder visados», declaró ayer a EL MUNDO Mae Ngai, profesora de Historia de la Universidad de Columbia y autora del libro Impossible Subjects. Illegal Aliens and the Making of Modern America (Súbditos Imposibles: Extranjeros Ilegales y la Construcción del EEUU Moderno).

Y, finalmente, la normativa «puede expandirse a otros países·», según Ngai. Cualquier extranjero puede verse afectado por ella. Eso incluye a las personas con permiso de trabajo y residencia –la famosa Green Card–, que ya habían sido blanco de la discriminación de Trump en la orden que éste firmó contra la inmigración ilegal el miércoles. Medio millón de personas con Green Card de esos siete países tienen ahora prohibido ingresar en Estados Unidos. La Casa Blanca decidirá «caso por caso» si les permite la entrada. Aerolíneas como la holandesa KLM y la canadiense Air Canada habían renunciado a permitir el embarque de personas que querían viajar a EEUU, porque podrían ser detenidas.

El presidente francés, François Hollande –que en la cumbre de la UE en Lisboa reclamó una «respuesta» contundente a las políticas de Trump– acusó ayer al presidente estadounidense de «animar al extremismo». Horas después hablaba por teléfono con el propio Trump, que también mantuvo conversaciones con Angela Merkel (con la que trató de colaboración bilateral y la OTAN) y con el presidente ruso Vladimir Putin (con el que habló de cooperación militar entre los dos países en la guerra de Siria).

Paradójicamente, la orden arranca recordando que «19 extranjeros asesinaron a cerca de 3.000 estadounidenses» el 11 de septiembre, pero no prohíbe la entrada de ciudadanos de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes y Líbano, que son los países de los que procedían los autores de la masacre. Otros terroristas musulmanes que han protagonizado ataques masivos en EEUU en los últimos años eran afganos, paquistaníes, y rusos. Encima, la orden fue de cumplimiento inmediato. Y de ahí llegó el caos y las detenciones. Porque en el momento en el que Trump la firmó había personas de los países incluidos en la prohibición de entrada que estaban volando a EEUU.

Su única opción para evitar ser detenidos o devueltos a sus países era saltar del avión, eso en el supuesto de que se enteraran en vuelo de la medida adoptada por Washington. Según Ngai, «no está claro que el que la orden entrara en vigor sin preaviso a personas en ruta a EEUU sea legal».

Dos de esas personas en vuelo se llaman Hamir Khalid Darweesh y Haider Samir Abdulkhaheq Alsawi. Ambos son iraquíes, y han recibido un visado especial que EEUU otorga a los ciudadanos de ese país que han colaborado con sus Fuerzas Armadas en la guerra. Es un tipo de visado relativamente nuevo, que fue creado durante la retirada de EEUU de Irak para evitar que a los que habían ayudado a los invasores los cazaran como a perros. Darweesh, concretamente, llevaba trabajando como traductor para los soldados de EEUU desde 2003, y en 2013 empezó a recibir amenazas de muerte. El viernes de la semana pasada, justo el día en el que Trump juró el cargo, recibió el visado.

Y el viernes a las seis de la tarde Estados Unidos le agradeció sus servicios arrestándole en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Al mediodía de ayer fue puesto en libertad, después de una masiva movilización política. En declaraciones a los medios de comunicación, Darweesh declaró que no sabía por qué había sido detenido.

Tampoco se sabe por qué fue liberado: la Casa Blanca sólo dijo que la orden no le se le aplicaba. A su lado estaba la congresista demócrata Nydia Velazquez. Entretanto, Alsawi, que recibió su visado el 11 de enero para reunirse con su familia, que ya está en EEUU, gracias a su «colaboración con las Fuerzas Armadas» seguía arrestado.