El decreto de Donald Trump que veta a personas de siete países musulmanes la entrada a EEUU durante tres meses y cancela durante cuatro los visados de refugiados ha elevado la tensión política en el país a un nuevo nivel.

Hasta ahora, el enfrentamiento había sido político. Desde este fin de semana, es también legal. Por una parte, la jueza de Nueva York Ann Donnelly prohibió el sábado, a instancias de la organización de izquierdas Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), la deportación de personas que llegan a EEUU con estatuto de refugiado de esos siete países.

El viernes y el sábado, un total de 109 viajeros habían sido arrestados por esa razón. Pero, tal y como recordó Donnelly en su auto, esa gente se encontraba simplemente en el avión cuando la orden ejecutiva fue emitida. Y, además, nadie se puede plantar en un aeropuerto en EEUU y anunciar alegremente que quiere que lo acepten como refugiado. Eso implica que, como dijo Donelly, «presumiblemente, nuestro propio Estado autorizó su entrada en el país».

Al mismo tiempo, los críticos de la norma han interpuesto o están preparando una serie de recursos cuestionando su constitucionalidad desde diferentes puntos de vista, que van del reparto de poderes en materia de inmigración entre el Ejecutivo y el Legislativo a la no discriminación a personas de un determinado credo religioso. Esa última razón se debe a que la Orden, aunque no cita explícitamente a los musulmanes, afecta a siete países en los que entre el 95% y el 99% de la población sigue esa religión: Libia, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia y Yemen. Anoche, en un comunicado, Trump se afanó en puntualizar que su medida no pretende marginar a los musulmanes, pues hay «más de 40 países» en el mundo similares a los vetados que no están afectados por la medida.

No es clara, de hecho, la viabilidad de estos recursos. «La orden, desafortunadamente, es legal», ha declarado a EL MUNDO Mae Ngai, profesora de Historia de la Universidad de Columbia.

Al enfrentamiento legal se suma el político. La oposición demócrata de Washington ha sido muy cauta a la hora de criticar la orden. Varios senadores la han censurado, pero el liderazgo demócrata estaba ayer más preocupado en criticar que la Casa Blanca hubiera omitido en su comunicado oficial de conmemoración del Holocausto que los judíos fueron las víctimas principales del nazismo. Entretanto, no parece que la confirmación de ningún alto cargo propuesto por Trump vaya a ser paralizada por esta nueva controversia. El jefe de la oposición demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se limitó a declarar que se opone a la orden «con todas las fibras de mi cuerpo». Sin embargo, en los estados –y EEUU es un país federal– la reacción ha sido diferente. En total, 16 de los 22 fiscales generales del Partido Demócrata emitieron ayer un comunicado en el que se comprometen «a trabajar para que el menor número de personas posibles sufran esta caótica situación». Los fiscales generales son el equivalente de los secretarios de Justicia de los estados y tienen margen para actuar en esta materia.

Entretanto, las manifestaciones volvían a EEUU. En varias decenas de ciudades se producían ayer marchas espontáneas de apoyo a los inmigrantes. En Washington, varios miles de personas se concentraron frente a la Casa Blanca.

Frente a las críticas, la Casa Blanca y el Partido Republicano cerraron filas. El jefe de Gabinete de Trump, Reince Priebus fue tajante en declaraciones a la MSNBC: «No hay nada por lo que disculparse». Priebus, que ejerce de puente entre el Partido Republicano –donde Trump no tiene demasiados apoyos– y Washington, recordó que «el hecho es que ayer [el sábado] entraron 325.000 personas y solo 109 fueron detenidas para ser interrogadas de forma más profunda».

En realidad, las autoridades aduaneras sólo accedieron a transformar las deportaciones en interrogatorios por la presión legal de las organizaciones pro inmigración. Y al menos seis personas con estatus de refugiado fueron devueltas a Siria desde Filadelfia. Curiosamente, esas seis personas eran cristianas.

Priebus también defendió que la orden entrara en vigor inmediatamente, a pesar de que ésa es la razón de las detenciones. «No puede haber un periodo de gracia para que la gente que quiere causar daño a EEUU adelante su viaje», dijo. Según la interpretación del jefe de Gabinete de Obama, así pues, hay terroristas en todas partes preparados para viajar a EEUU de un día a otro. En realidad, sin embargo, ninguno de los países afectados por las medidas ha producido nunca un terrorista que haya llevado a cabo –o planeado llevar a cabo– un ataque en EEUU.

Pero la línea argumental de Donald Trump y su equipo es que no va a cambiarse la orden. La asesora del presidente Kellyanne Conway afirmó ayer que la norma sólo ha causado molestias a un pequeño número de pasajeros, y que ése «es un precio muy pequeño».

Hay otro problema. La orden es ambigua, contiene errores (la ley que cita es errónea) y ha provocado un caos administrativo considerable. Eso quedó de manifiesto cuando Priebus admitió que es posible que las restricciones no se apliquen a los ciudadanos de esos países que tienen permiso de trabajo y residencia en EEUU. No es una concesión menor, puesto que afecta a más de medio millón de personas. Pero, si la Casa Blanca ha accedido, al menos de forma implícita, a ello, es porque las personas con permiso de residencia están protegidas por la ley.

LA GUERRA AL TERROR «NO ES JUSTIFICACIÓN»
Crítica de Merkel. La canciller alemana está «convencida de que la guerra contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha a personas en función de una procedencia o religión».

División en Reino Unido. El alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, estimó que la medida «es contraria a los valores de libertad y tolerancia sobre los que se ha construido EEUU». Nigel Farage, ex líder del eurófobo Ukip, declaró que Reino Unido debería «copiar las medidas de escrutinio extremo» aprobadas por Trump.