La decisión de Trump de prohibir la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de siete países musulmanes ha causado grave malestar en el mundo y especial indignación en las naciones europeas, para las que esta nueva política migratoria socava los cimientos de la democracia.

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La canciller alemana Angela Merkel «está convencida de que la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha general a las personas de una determinada nacionalidad o religión», afirmaba ayer su portavoz, Steffan Seibert, en declaraciones al semanario Der Spiegel.

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Se calló cuando hace unas semanas Trump tachó su política migratoria de «error catastrófico». E incluso cuando amenazó a las automotrices germanas con impuestos adicionales. Hasta que, por fin, Merkel ha enterrado su talante conciliador y le ha recordado al líder estadounidense que la Convención de Ginebra le obliga a aceptar a refugiados de guerra.

Junto a la canciller alemana, el presidente francés, François Hollande, fue uno de los primeros en reaccionar al advertir personalmente a Trump, en una conversación telefónica en la noche del sábado, de que la defensa de la democracia implica el respeto de los principios en los que se sustenta, «en particular la acogida de los refugiados».

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La primera ministra británica, Theresa May, ordenó a sus ministros de Exteriores e Interior contactar con sus homólogos de Estados Unidos para aclarar la situación y evaluar el impacto de esas medidas en refugiados y musulmanes, pero también en ciudadanos británicos con la doble nacionalidad.

En Bruselas, fuentes de la Comisión Europea aseguraron que se estudiarán las consecuencias para los ciudadanos comunitarios de esta política migratoria.

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Entre los países vetados, la respuesta más dura llegó del Gobierno de Irán, que calificó la decisión de Trump de «insulto flagrante a los musulmanes del mundo» que fomenta «la propagación de la violencia y el extremismo». Varios han pedido consultas diplomáticas.