WASHINGTON. –  Jueces de al menos cuatro estados de EEUU han emitido órdenes para bloquear la restricción impuesta por Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana en el país. 

En concreto, jueces del Massachusetts, Virginia y Washington han emitido este fin de semana sus correspondientes sentencias para paralizar las detenciones que se estaban llevando a cabo en los principales aeropuertos de sus estados. Aprovecharon, para ello, el precedente sentado por la jueza Ann Donnelly en Nueva York, que falló a favor de dos iraquíes que permanecían retenidos en el aeropuerto JFK.

Ninguno de estos fallos judiciales tiene poder para derogar la orden ejecutiva emitida por Trump el pasado viernes y que suspende durante 90 días los visados y durante 120 la entrada de refugiados. La orden afecta, de momento, a personas procedentes de países de mayoría musulmana como Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

El nuevo presidente norteamericano alegó que se trata de una medida de protección antiterrorista, pero las sentencias judiciales, resueltas después de que varias organizaciones que luchan por los derechos civiles se rebelaran contra las primeras detenciones, denunciaron que estas acciones policiales eran “discriminatorias”. 

En todo Estados Unidos, varios abogados trabajaron durante toda la noche para ayudar a los viajeros internacionales confundidos en los aeropuertos. Y es que, según denuncian los activistas, hay patrullas fronterizas que todavía ignoran las citadas órdenes judiciales que paralizan, al menos, momentáneamente la orden de Trump para aquellos que ya se encuentran ‘’presos’ en los aeropuertos norteamericanos.

Por ello, se han presentado demandas en nombre de más de 100 viajeros en todo el país, según han estimado algunos activistas y abogados.

Una jueza de Boston prohíbe a los policías detener a quienes ya hayan entrado con visado en el país

En Boston, la jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs ha sido una de las que ha emitido este domingo una orden de restricción temporal para bloquear la retención de dos iraníes que trabajaron en la Universidad de Massachusetts y que habían sido detenidos en el aeropuerto internacional de Logan.

Dicha orden duraría siete días y parecía ir más allá de la de Donnelly al prohibir a los funcionarios detener, así como expulsar a los refugiados ya aprobados, a los titulares de visados ​​y a los residentes permanentes de los Estados Unidos que entran desde los siete países restringidos por Trump (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán). La orden de Donnelly prohibía sólo la deportación a sus países de origen.

En la ciudad de Alexandria (Virginia), la jueza de distrito Leonie Brinkema también prohibió el sábado a la Agencia de Seguridad Nacional retirar a unos 50 a 60 residentes legales permanentes que habían sido detenidos en el aeropuerto internacional de Dulles, que sirve al área de Washington DC.

Y en Seattle, el juez de distrito Thomas Zilly prohibió al Gobierno deportar a dos personas que no fueron identificadas por su nombre en documentos judiciales.​

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU insistió hoy en que aplicará la polémica orden del presidente Donald Trump.

Ese veto provisional provocó ayer el caos y la indignación en medio mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense y se producían protestas en varios aeropuertos del país.

Pese a ello, el DHS, que si bien aseguró que “cumplirá los mandatos judiciales”, también incidió en que las órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que “los viajes prohibidos seguirán prohibidos”.

“El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional”

“El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional”, subrayó el comunicado.

El polémico decreto de Trump, argumenta el DHS en la nota, “afecta a una pequeña porción de los viajeros internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de EEUU y la seguridad nacional”.

“Ningún extranjero sin vínculo con Estados Unidos tiene derecho sin restricciones para pedir la entrada en Estados Unidos o prestaciones por inmigración en Estados Unidos”, concluyó la nota oficial del equipo de Trump.