La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que 170 inmigrantes van a ser devueltos a Mauritania de forma «inmediata» en virtud de un acuerdo bilateral de 2003 que ha tenido que reactivarse por la última oleada de ‘sin papeles’ hacia Canarias. Las expulsiones representan «el inicio de algo que se realizará con continuidad», aseguró Fernández de la Vega.

Esta drástica medida fue acordada durante una reunión con el jefe del Ejecutivo canario, Adán Martín, que había pedido al Gobierno central ideas para evacuar del archipiélago a los 3.000 extranjeros que han arribado en cayucos durante los últimos meses. «Debemos dejar claro que quien entra de forma irregular sale con todas las garantías de respeto a sus derechos», dijo Fernández de la Vega.

El Ejecutivo de Zapatero prometió más fondos a las organizaciones humanitarias de Canarias, pero Adán Martín confirmó que «el máximo esfuerzo» se concentrará en sacar los ‘ilegales’ del territorio nacional. Los primeros 170 expulsados – originarios de Mauritania, Senegal y Mali – arribarán al primer país porque los otros dos todavía no han suscrito convenios de devolución con España. Fernández de la Vega no concretó cuándo realizarán el viaje, alegando que antes es necesario identificarlos.

A los demás ‘ilegales’ se les irá expulsando de las islas cuando Mauritania disponga de campamentos para tenerles concentrados hasta que sus gobiernos envíen el dinero que cuesta repatriarlos. El Gobierno de Zapatero ayudará al país africano a montar la infraestructura humanitaria y de seguridad. El primer envío se compone de cuatro patrulleras, catorce ‘todo – terrenos’ y dos autobuses.

De forma paralela, agentes de la Guardia Civil y de la Policía se desplazarán al Sáhara para sumarse a las patrullas mauritanas y ayudarles a perseguir a las mafias locales. El Ejecutivo también presiona a la Unión Europea para que intervenga en esta tarea «de manera más comprometida».

Flujos migratorios

Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, formuló ayer dos peticiones en el ámbito comunitario. Al comisario europeo de Justicia y Seguridad, Franco Fratini, le pidió que envíe ayuda de emergencia al Sáhara mauritano. A sus colegas de Exteriores les invitó a estudiar los flujos migratorios de África cuando se reúna el consejo de ministros.

Entre tanto, el presidente canario prometió investigar mejor el fenómeno de la inmigración para conocer con exactitud cuántos ‘ilegales’ llegan y se van. El Gobierno canario rechaza ampliar los centros de internamiento de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y presiona a la Administración central para que prosigan los convoyes de ‘ilegales’ a la Península. Los cabildos reclaman que se acoja a más de 250 menores por centro y que se les considere mayores de edad a partir de los 16 años. Sobre este punto, Fernández de la Vega recordó que existe una legislación internacional y que los adolescentes constituyen un grupo «especialmente vulnerable y necesitado de un tratamiento específico».