“Básicamente lo que queremos es cambiar una palabra”. Algo que parece tan simple puede suponer un cambio radical. Transformar un “puede” por un “debe”. Una palabra que haría que la Unión Europea deje de perseguir y penalizar la ayuda ciudadana a los inmigrantes que buscan refugio en territorio comunitario.

El castigo a los voluntarios desplazados a las “zonas calientes” de la crisis de refugiados ha ocurrido y sigue ocurriendo en base a una normativa europea de 2002. Es el caso de Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y Manuel Blanco, tres bomberos de Sevilla que fueron detenidos en Grecia en enero de 2016 cuando rescataban refugiados en la costa de Lesbos.

Un año después siguen a la espera de que la Justicia griega imponga una fecha para un juicio que debe determinar si son finalmente condenados por “tráfico de personas”. Este miércoles, una delegación de Proem-Aid, la ONG a la que pertenecen, ha reclamado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara modificar la polémica normativa. Cambiar el “cualquier Estado miembro puede decidir no imponer sanciones” que aparece en el artículo 1.2 de la directiva por un “cualquier Estado miembro debe decidir no imponer sanciones”.
Una de las impulsoras de la iniciativa es Paula Schmid Porras, abogada de Proem-Aid y de los tres abogados sevillanos. La letrada explica que tal y como está escrita actualmente, “la normativa viola de manera flagrante principios internacionales básicos”. La ONG busca que el Artículo 1.2 de la Directiva “sea obligatorio, es decir, que los Estados miembro no puedan criminalizar a quienes ayudan por motivos humanitarios. Buscamos que se respeten el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos, las recomendaciones de la ONU y las de la propia Comisión cuando se aprobó el texto de 2002”, comenta Schmid Porras a Público.

Proem-Aid busca que sea obligatorio que “los Estados miembro no puedan criminalizar a quienes ayudan por motivos humanitarios”

Entre la comitiva de Proem-Aid que se desplazó hasta el Europarlamento se encontraba el propio Manuel Blanco, que aparte de ser uno de los bomberos afectados es también cofundador de la ONG. Blanco confiesa en declaraciones a este diario que se emocionó cuando contó su caso en el Parlamento Europeo. Tanto él como Schmid Porras salieron “muy esperanzados y optimistas” ante la buena acogida que tuvieron entre los eurodiputados presentes de todos los grupos, que han respaldado modificar la normativa europea, excepto, puntualiza la abogada, los del Partido Popular Europeo y los de extrema derecha.

Blanco destaca que durante su intervención ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara denunció lo injusto que es que tanto él como sus otros dos compañeros estén acusados “por intentar hacer lo que otros no hacen”. El cofundador de Proem-Aid hace hincapié en que allá donde las autoridades no han podido (o querido) llegar, han acudido las ONG. “Esta crisis internacional de falta de humanidad ─como él define la crisis de refugiados─ ha sido gestionada por los voluntarios. La primera respuesta fue de la sociedad civil”, insiste durante la conversación telefónica con Público.

Manuel Blanco: “Somos profesionales, es decir, que nos ganamos la vida con esto y lo que hacemos es prestar nuestro trabajo de manera voluntaria y altruista”

Recuerda que nada más llegar a Grecia contactaron con las autoridades del país para ofrecerles su ayuda en los rescates de migrantes en el mar Egeo. “No soy ningún descerebrado. Nosotros somos profesionales, es decir, que nos ganamos la vida con esto y lo que hacemos es prestar nuestro trabajo de manera voluntaria y altruista”, comenta.

Blanco y su equipo estuvieron trabajando de forma directa con los guardacostas griegos. “Éramos un recurso más para ellos”, rememora. Pero, de la noche a la mañana todo cambió y lo que iba a ser una inspección rutinaria de la embarcación de Proem-Aid derivó en la detención de los tres bomberos sevillanos, acusados de tráfico de personas y posesión ilegal de armas.

Nadie en la ONG sabe responder todavía por qué se produjo la detención. Los tres fueron encarcelados como medida preventiva. Pasaron dos noches en los calabozos de Lesbos y el juez impuso a cada uno de ellos una fianza de 5.000 euros. El juicio, todavía sin fecha, decidirá si son finalmente condenados. “No esperamos otra cosa que no sea la libertad sin cargos. No han hecho nada ilegal y las acusaciones son falsas”, defienden desde la ONG.

Paula Schmid: “No se puede castigar la solidaridad, va en contra de nuestros valores europeos. Contra eso estamos luchando. Vamos seguir dando guerra y vamos a ganar”

Su abogada, que destaca que incluso ha habido dirigentes griegos que se les han acercado para pedirles disculpas. así lo cree porque, sobre todo, no entiende que el caso pueda resolverse de otra manera. “Queda lo peor, pero tenemos todas las pruebas a nuestro favor. Tenemos mucha esperanza de que acabe en nada. Tenemos la suerte de que la sociedad civil está detrás de nosotros, tenemos el apoyo de los medios y tenemos, sobre todo, el apoyo del parlamento Europeo, que no es moco de pavo”, enumera Schmid Porras.

La letrada confía en que la petición de Proem-Aid salga adelante y que provoque un “efecto cascada”. “Si conseguimos cambiar la normativa, todos los países miembro lo tendrán que respetar y adecuar sus legislaciones nacionales. Lo que queremos es que el caso que hemos sufrido no se vuelva a repetir, cambiar las leyes para que los actores humanitarios que ayudan a inmigrantes puedan trabajar con total protección. Los europeos solidarios que ayudan a los inmigrantes están siendo penalizados. No se puede castigar la solidaridad, va en contra de nuestros valores europeos. Contra eso estamos luchando. Vamos seguir dando guerra y vamos a ganar”.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado mantener abierta la denuncia de la ONG a la espera de conocer la evaluación de las normas de la Comisión Europea

Además de la petición de la ONG, Schmid Porras subraya que durante su visita al Parlamento Europeo se pusieron sobre la mesa otra serie de iniciativas. Entre ellas destaca la planteada por el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, para crear un pasaporte humanitario que permita el acceso y la libre circulación de las personas refugiadas por el bloque comunitario.

De momento, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado mantener abierta la denuncia de la ONG a la espera de conocer la evaluación de las normas de la Comisión Europea. La presidenta de la comisión europarlamentaria, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, agradeció la labor de Proem-Aid y se mostró a favor de su iniciativa. Tras recordar que el Mediterráneo “es hoy un enorme cementerio” en el que han muerto casi 6.500 personas en 2016, según datos de ACNUR, admitió que un informe solicitado por la Eurocámara concluyó que existían “inconsistencias y zonas grises” en la normativa que Proem-Aid lucha por cambiar.