«Vamos a construir el muro», anunció ayer en Twitter Donald Trump, horas antes de lanzar en Washington su cruzada contra la inmigración ilegal con la firma de dos decretos: uno sobre la seguridad de la frontera, que incluye la orden de destinar fondos para comenzar «inmediatamente» la construcción del muro en la frontera con México, y otro para acabar con las llamadas ciudades santuario. «Una nación sin fronteras no es una nación», advirtió en la sede del Departamento de Seguridad Nacional. «Desde hoy, EEUU volverá a tener control de sus fronteras», añadió, asegurando que la medida «salvará miles de vidas, millones de trabajos y miles de millones de dólares».

Durante la campaña electoral, Trump prometió que si ganaba las elecciones iba a construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas y aseguró a sus votantes que el país vecino pagaría la construcción. En los más de 3.000 kilómetros que separan México y Estados Unidos ya hay 1.050 kilómetros de muros y vallas.

El mandatario precisó en una entrevista con la cadena ABC News que la construcción del muro empezará dentro de «unos meses». Explicó que Estados Unidos adelantará el dinero para poder construirlo más rápido, pero prometió que después pasará la factura a México y que el país vecino reembolsará a Estados Unidos «el cien por cien». El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dejado claro que no pagará. «Tiene que decir eso», opinó Trump.

El presidente republicano, que recibe el próximo 31 de enero a Peña Nieto en la Casa Blanca, todavía no ha aclarado cómo logrará que México reembolse a Estados Unidos el coste. Según Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, Trump está hablando con los republicanos en el Congreso para ver cómo financiarlo. México reembolsará después el dinero «de una forma u otra», dijo Spicer.

La firma de la orden ejecutiva para construir el muro coincidió con el paso por Washington del secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para preparar la visita de Peña Nieto a la Casa Blanca.

Durante la firma de las órdenes ejecutivas en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump estuvo acompañado de familiares y víctimas de crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados, para los que ha creado una Oficina especial de Víctimas de Extranjeros Deportables.

El magnate anunció que construirá más centros de detención para inmigrantes indocumentados, acabará con la política de «capturar y liberar» en la frontera, dará prioridad a la deportación de criminales sin papeles y aumentará el número de agentes fronterizos y migratorios. También firmó otra orden ejecutiva para acabar con las llamadas «ciudades santuario», otra de sus promesas.

Trump pidió al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que busque maneras de recortar los fondos federales que van a las «ciudades santuario», consideradas amigables con los inmigrantes indocumentados por no colaborar con las autoridades federales, dificultando así que sean localizados y deportados del país. En Estados Unidos viven actualmente unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos desempleados, de los que el 52% son de origen mexicano. Según el Pew Research Center, el 45% de los sin papeles no entraron en Estados Unidos atravesando ilegalmente la frontera mexicana, sino que lo hicieron legalmente con un visado, ya sea de turista, estudiante o de residente temporal, y después se quedaron en el país cuando su visado caducó.

Según los diarios The New York Times y The Washington Post, la Casa Blanca prepara una orden ejecutiva que podría autorizar a la CIA a reabrir las cárceles secretas en el extranjero (también llamados black sites), donde la agencia detuvo, interrogó y torturó a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Obama ordenó cerrarlas en 2009.

Spicer negó que el borrador del documento que estaba circulando en Washington sea un texto redactado por la Casa Blanca. «No tengo ni idea de dónde ha salido».

Trump también prepara órdenes ejecutivas que podrían suspender el programa de refugiados por al menos seis meses y congelar 30 días la emisión de visados para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Siria. Se espera que anuncie las medidas esta semana.

Otra medida que tiene en mente, según la prensa local, es una orden ejecutiva para mantener la cárcel de Guantánamo abierta. El ex presidente Barack Obama trató de cerrar la prisión durante sus ocho años de mandato, pero los republicanos, con sus mayorías en Congreso y Senado, se lo impidieron.

En sendas entrevistas en CNN y ABC, Trump llegó a defender la tortura «para combatir el fuego con el fuego», y más concretamente la técnica del waterboarding, el ahogamiento simulado, una práctica prohibida por la CIA en 2009. «Creo que el waterboarding no es nada comparado con lo que nos hacen ellos a nosotros».

Otra de las medidas que podrá en marcha el Gabinete Trump será el recorte drástico de fondos, cercano al 40%, a las agencias de la ONU, misiones de paz en el extranjero y otros organismos internacionales.

Por otro lado, Trump ha ordenado abrir «una gran investigación» sobre fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre. El presidente está convencido de que hubo un fraude electoral masivo, a pesar de que hasta ahora no ha presentado ninguna prueba de ello y de que él ganó las elecciones.

«Voy a pedir una gran investigación sobre fraude electoral, incluidos aquellos (votantes) registrados para votar en dos estados, aquellos que son ilegales e incluso aquellos registrados para votar pese a haber fallecido (mucho de ellos hace mucho tiempo)», anunció Trump en Twitter, la red social que utiliza a diario para anunciar sus políticas.

El presidente dijo que «dependiendo de los resultados» de la investigación sobre el fraude electoral, se reforzarán los procesos de votación. Curiosamente, ayer dos medios estadounidenses publicaron que tanto Steve Bannon, asesor de Trump, como Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, se registraron en dos estados a la vez para poder votar, algo que se parece mucho a lo que denuncia Trump.

El magnate ganó las elecciones al obtener en el llamado Colegio electoral más votos que su rival, la demócrata Hillary Clinton –304 votos electorales frente a los 227 de Clinton–, pero la ex primera dama y ex secretaria de Estado obtuvo 2,9 millones de votos populares más que el presidente en las urnas.

Al mandatario parece que no le ha sentado bien que Clinton sacara casi tres millones de votos populares más que él. De momento, la Casa Blanca no ha presentado pruebas que demuestren que hubo fraude.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo el martes que «no hay evidencias» de que hubiera un fraude electoral masivo en los comicios. El secretario de Estado de Ohio, el republicano Jon Husted, dijo que en su territorio es «difícil hacer trampas».

fEDERALES PARA LA «carnicería» de CHICAGO
En los habituales 140 caracteres que utiliza para anunciar iniciativas, felicitarse o criticar a sus opositores, Trump advirtió ayer a la ciudad gobernada por el demócrata Rahm Emanuel que si «Chicago no arregla la horrible ‘carnicería’ – 228 tiroteos en 2017 con 42 asesinatos (un 24% más que en 2016) – ¡enviaré a los Feds!». Los números de Trump concuerdan con los de un artículo del ‘Chicago Tribune’ sobre la violencia en Chicago publicado el martes. Las estadísticas policiales reflejan que 2016 fue el año más violento de las dos últimas décadas: 762 muertos. El activista por los derechos civiles Jesse Jackson criticó el tono del presidente. «Necesitamos un plan, no un amenaza. Necesitamos trabajos, no prisiones». Desde el Departamento de Policía de la ciudad, el superintendente Eddie Johnson señaló que « está más que dispuesto a trabajar con el Gobierno federal para construir nuestra asociación con el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA» y otras agencias que impulsen el descenso de los delitos de armas. / CAROLINA M. ADALID