E. C.

LAS PALMAS. El Gobierno de Canarias exigió ayer una mayor implicación del Ejecutivo central «ante la peor situación de emergencia humanitaria» que se ha vivido en el archipiélago desde que comenzó el fenómeno de la inmigración irregular. Tras la reunión del gabinete de crisis constituido esta semana para abordar la «llegada masiva de extranjeros ilegales», el Gobierno regional dejó constancia de su «tajante» rechazo a que se amplíen los centros de retención de inmigrantes, totalmente desbordados, tal y como propuso ayer el Ejecutivo central.

Asimismo, instaron al Estado a que cumpla el acuerdo alcanzado por todas las formaciones políticas en el Congreso durante la pasada legislatura. Acuerdo en el que se recoge el compromiso de repatriar o derivar a la Península a los inmigrantes que alcanzasen las costas canarias y superasen el cupo de las islas, establecido en 1.448. «España no puede convertir a Canarias en un campamento de retención de inmigrantes», señalaron fuentes gubernamentales. Al tiempo que demandaron soluciones para aliviar el hacinamiento en los centros de menores inmigrantes, ya que en estos momentos hay más de 300, cuando la capacidad es de 200.

«Esperamos que se cumpla de inmediato el acuerdo de readmisión de inmigrantes firmado con Mauritania en 2003», afirmó el consejero canario de la Presidencia, José Miguel Ruano, que dudó de que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, lo conociese antes de que la delegación española viajase este jueves a la república islámica.