MADRID. El Consejo de Ministros acordó ayer pedir a la Unión Europea que libere fondos de emergencia para que Mauritania pueda gestionar con garantías la crisis migratoria e impida la llegada de nuevas oleadas de subsaharianos en pateras a las islas Canarias. La vicepresidenta primera aseguró que el Ejecutivo ya ha comenzado las gestiones con las autoridades de Bruselas para convertir las migraciones en una «prioridad» en las relaciones entre la Unión Europea y el Gobierno de Nouakchott.

María Teresa Fernández de la Vega informó de la ofensiva diplomática internacional que el Gobierno ha puesto en marcha para recabar ayuda de terceros en la ya conocida como crisis de los cayucos. «Es un tema que también atañe a toda la comunidad internacional y a la UE, en particular», señaló la portavoz gubernamental, quién subrayó que esta ayuda de emergencia sería independiente de los dos fondos europeos ya existentes destinados al control de la inmigración en los países de origen.

Entre las prioridades de España, además del dinero de la Unión, está «implicar» a la Organización Internacional de las Migraciones y al Alto Comisionado de Ayuda a los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en la «acogida y repatriación» de los clandestinos llegados al archipiélago y de los miles de subsaharinos – 20.000 personas, según diversas organizaciones – que aguardan en Mauritania para embarcarse con destino a Canarias.

Además, el Ejecutivo ha acelerado la convocatoria de una cumbre regional euroafricana para tratar de las continuas crisis migratorias. De la Vega apuntó que esta reunión, auspiciada también por Francia y Marruecos, tendrá lugar en julio en Rabat y que Mauritania «tendrá un papel muy importante».

En el plano bilateral, la vicepresidenta confirmó que España enviará de inmediato a Mauritania las cuatro patrulleras prometidas. De la Vega matizó que los navíos no serán prestados, sino que será una «donación» a cargo de los fondos de cooperación. Expertos españoles se desplazarán a la república islámica «el tiempo que sea necesario» para enseñar a los agentes mauritanos el funcionamiento de estos barcos. Junto con las patrulleras, serán enviados vehículos de tracción mecánica para la vigilancia del vasto litoral mauritano. Efectivos de las fuerzas de Seguridad del Estado viajarán también a Nouakchott para instruir a los funcionarios que de aquel país en el control de los flujos migratorios. Esta cooperación será supervisada por un comité mixto de seguimiento que comenzará a trabajar el lunes en la capital de Mauritania, hasta donde viajarán mandos de la Policía y Guardia Civil y expertos en «acogida y repatriación». Los ejecutivos de ambos países han dado luz verde asimismo a la creación de un comité hispano – mauritano sobre cuestiones migratorias.

Fuentes del Gobierno desvelaron ayer que una de las primeras cuestiones a tratar en ese foro será la reactivación del convenio de readmisión de inmigrantes firmado entre las autoridades de Madrid y Nouakchott en 2003, pero que no se aplica. Mauritania, señaló De la Vega, ha mostrado su disposición a «poner en marcha» ese acuerdo, aunque la vicepresidenta advirtió de que el Gobierno no comenzará las deportaciones hasta tener garantías de que serán respetados los «derechos humanos» de los inmigrantes.

De la Vega viaja a Canarias

La vicepresidenta también confirmó que viajará hoy a Canarias para «conocer sobre el terreno» la situación de los inmigrantes recién llegados y su acogida en los centros de internamiento. Precisamente, a primera hora de ayer llegó al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el barco hospital Esperanza del Mar con los 25 cadáveres de los inmigrantes rescatados el miércoles en aguas próximas a Mauritania.

Entretanto, la batería de iniciativas del Gobierno para afrontar la crisis de los cayucos no contentó al PP. El responsable de relaciones internacionales popular, Jorge Moragas, acusó ayer al Ejecutivo de «improvisar» a «toro pasado» en esta cuestión. Llegó a asegurar que el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha demostrado «estar en la inopia». COLPISA