En abril comenzará en Noruega el juicio para dirimir el asunto de los 12.000 marineros españoles que reclaman su pensión al país nórdico, después de haber trabajado 40 años en sus buques y de pagar impuestos allí. Pero hasta entonces, seguirán manifestándose y buscando la ayuda de las autoridades españolas.

«Todos los partidos políticos nos apoyan, pero el Gobierno no actúa para acabar con esta injusticia», declara a EL MUNDO Alberto Paz, portavoz de la asociación Long Hope, que agrupa a los demandantes. Incluso el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recordó en diciembre a su homólogo noruego, Børge Brende, el «interés del Gobierno por encontrar una solución». Sin embargo, «las palabras no se acompañan de acciones», insiste Paz.

Por eso, los marineros han presentado ante la delegación del Gobierno en A Coruña una carta para el presidente Mariano Rajoy, en la que le piden que interponga una demanda interestatal contra Noruega, algo que también ha solicitado el Parlamento gallego y que han reclamado PSOE y Podemos en sendas proposiciones no de ley.

Paz recalca que están solos en esta batalla y «necesitamos que nuestro Gobierno asuma la responsabilidad de defender a quienes en su día fueron emigrantes. Lo más ventajoso, desde todo punto de vista, es la demanda interestatal. Queremos que España denuncie a Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», piden.

«El juicio intentará poner fin a la situación de desamparo legal y social en que se encuentran las personas que antes de 1994 trabajaron como emigrantes en buques noruegos y que, pese a pagar sus impuestos allí, no reciben prestaciones de la Seguridad Social, por carecer de la condición legal de residentes mientras trabajaban allí», recoge la misiva, escrita en gallego. Los firmantes afirman que su situación es «una injusticia social» y reclaman que el acuerdo que firmaron ambos países en 1994 para garantizar las pensiones a los trabajadores extranjeros tenga carácter retroactivo.