El alcalde Alonso anunció ayer que 1.445 extranjeros no comunitarios serán expulsados del padrón de Vitoria si no se registran en el plazo de un mes. El regidor popular recordó que las personas que no procedan de un país de la Unión Europea tienen la obligación, según estipula la Ley de Extranjería, de darse de alta en el padrón cada dos años. «Vamos a decirles una vez más que tienen que renovar su inscripción. Si no lo hacen se les dará de baja y perderán los derechos», enfatizó el regidor popular.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) notificó al Consistorio a finales del pasado año que 6.348 personas procedentes de países no comunitarios debían volver a empadronarse en la capital alavesa. Transcurridos casi tres meses, 4.903 extranjeros cumplieron el trámite y 1.445 aún siguen sin hacerlo. De ellos, la mayoría son colombianos – 200 – , brasileños – 158 – , marroquíes – 147 – y argelinos – 140 – . «Se les debería dar de baja mediante decreto – señaló – , pero vamos a esperar un mes. Lo cierto es que tenemos una pelea constante por conocer cuál es la población extranjera y dónde está, ya que algunos lo que quieren es defraudar».

La advertencia del alcalde se produce tan sólo dos días después de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de anular una orden decretada por el propio Alonso para expulsar del padrón a 489 inmigrantes que residían desde 2004 como inquilinos en un local de la calle Zapatería, la sede de SOS Racismo Álava. Los jueces anularon el expediente municipal por considerar que se había sobrepasado el plazo para realizar este tipo de trámites administrativos. El Ayuntamiento empleó nueve meses en lugar de los tres establecidos legalmente.

«Fraude»

El presidente de la Corporación reiteró ayer que dará de baja del padrón a 376 extranjeros que aún mantienen su residencia en el local de SOS Racismo. «No sabemos dónde están esas personas y nuestra oligación es saber dónde se encuentran», insistió. «Es un fraude al padrón. Hay que advertirles de que no se dejen engañar por otras entidades y que acudan a las instancias municipales para regularizar sus situaciones».

Fede García, responsable del colectivo, ya ha anunciado que volverá a recurrir la orden de expulsión.

La polémica de los inmigrantes sirvió al PSE y al PNV para criticar la actuación del equipo de gobierno. «El alcalde debe cesar en su intención de echar del padrón a cientos de personas inmigrantes», subrayaron. El socialista Peio López de Munain acusó al PP de «desidia», mientras que el portavoz peneuvista, Mikel Martínez, pidió «no llegar a situaciones límite».