Mauritania ha mostrado su disposición a «poner en marcha» el acuerdo de readmisión de inmigrantes firmado en 2003 por los Gobiernos de Madrid y Nuakchot, que actualmente no se aplica, según informó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. No obstante, el Ejecutivo español no comenzará las deportaciones hasta tener garantías de que se respetarán los «derechos humanos» de las personas devueltas. La denominada ‘crisis de los cayucos’ se convirtió ayer en el tema central de la reunión del Consejo de Ministros, que acordó pedir a la Unión Europea fondos de emergencia para que el país africano pueda impedir nuevas oleadas de subsaharianos hacia Canarias.

Entre las prioridades de España figura también «implicar» a la Organización Internacional de las Migraciones y al Alto Comisionado de Ayuda a los Refugiados de Naciones Unidas en la «acogida y repatriación» de los clandestinos. Además, el Ejecutivo ha acelerado la convocatoria de una cumbre euroafricana sobre las continuas crisis migratorias, que tendrá lugar en Rabat en julio.

La vicepresidenta confirmó que Mauritania reforzará el control de sus fronteras mediante patrullas conjuntas con España, que también ayudará a construir y gestionar centros de acogida. Además, se enviarán de inmediato las cuatro patrulleras prometidas y varios vehículos terrestres.

Ayer, dos cayucos con 95 ocupantes fueron interceptados camino de Canarias. El buque hospital ‘Esperanza del Mar’ arribó a Las Palmas con los 25 cadáveres recuperados el martes y el miércoles.

Por su parte, las autoridades mauritanas aseguraron haber rescatado a 24 ocupantes de una embarcación que navegaba a la deriva desde hace once días, y que tuvieron que sobrevivir sin apenas agua ni comida. Los inmigrantes procedían de Mali, Mauritania, Senegal y Gambia. Uno de ellos aseguró que se habían visto obligados a beber agua del mar durante una semana.