MADRID/BRUSELAS – Amnistía Internacional ha denunciado ayer que las nuevas leyes para hacer frente a la amenaza terrorista están erosionando derechos fundamentales como la libertad de expresión, al tiempo que han provocado que la población esté sometida a una vigilancia “sin control”, especialmente extranjeros y minorías religiosas. Es una de las principales conclusiones del informe Peligrosamente desproporcionado. La expansión de seguridad en Europa, presentado ayer en varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, sobre las violaciones de derechos humanos que, a su juicio, han acarreado las nuevas legislaciones antiterroristas en 14 países europeos. La organización advierte de que la puesta en marcha de medidas antiterroristas con un concepto de terrorismo “vago” han supuesto que se incluyan en este término comportamientos que no lo son, como ha sucedido con la definición de “enaltecimiento del terrorismo”.

“Los gobiernos tienen el deber de proteger a la gente pero no al coste de acabar con un sistema de derechos consolidado”, en palabras del director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, que afirmó que se está produciendo “un desmantelamiento paulatino y constante” de las libertades. Porque los gobiernos deben proporcionar seguridad para que los ciudadanos disfruten sus derechos, pero “no restringirlos en aras de tener supuestamente más seguridad”.

De España el informe resalta que, pese a que las medidas antiterroristas deben ser “excepcionales”, aquí lo son, ironizó Beltrán, “desde hace 30 años” por el terrorismo de ETA, una lacra que no puede ser la excusa para seguir en el “progresivo recorte de derechos”. Precisamente desde que la banda terrorista decidiera poner fin a su actividad violenta en octubre de 2011, España ha ido imponiendo medidas antiterroristas “más ambiguas” con artículos del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal más difusos. Una indefinición a la que Amnistía Internacional achaca los casos de enaltecimiento de terrorismo aplicados a los titiriteros, al concejal madrileño Guillermo Zapata o al cantante César Stawberry, presente en la presentación y que definió su causa como “una de las muchas que existen de simple persecución ideológica”. “España debe acometer reformas importantes para eliminar esas vaguedades y no violar los derechos fundamentales, y para que no nunca vayan a prisión personas que nada tienen que ver con el terrorismo”, reclamó Beltrán, antes de instar también a eliminar el régimen de incomunicación a detenidos. A su juicio esta incomunicación es la que ha “favorecido” la tortura a detenidos por la que España ha sido denunciada hasta en ocho ocasiones por las autoridades europeas y que sigue siendo, en opinión de Amnistía “un de los grandes problemas pendientes de esclarecer”. No obstante, la organización reconoce que cada vez se aplica menos este régimen de incomunicación en España, y por tanto, son menos los casos de torturas y maltratos policiales.

Fuera de España el informe muestra su preocupación por la situación en países como Hungría o Polonia, donde se han aprobado incluso leyes de vigilancia “electrónica” y donde el extranjero es “el blanco” de las identificaciones. Francia tampoco se escapa de las críticas. Tras ser golpeada por los yihadistas en los últimos dos años, el Gobierno ha renovado hasta en cinco ocasiones el estado de excepción, lo que abre la posibilidad a prohibir manifestaciones o practicar registros sin orden judicial.

EL PODER DE LOS EJECUTIVOS En la presentación celebrada en Bruselas, la experta de AI en terrorismo y derechos humanos Julia Hall, señaló que uno de los puntos clave del informe es la “consolidación de poder” por parte de la rama ejecutiva de cada país, que en muchos casos ha “dejado de lado” al poder judicial y no necesita su aprobación para “convocar el estado de emergencia o definir qué es un terrorista”. En este aspecto, el informe de AI llama la atención sobre los rápidos procesos legislativos para adoptar leyes sin consultar a expertos o miembros de la sociedad civil y la falta de mecanismos para vigilar la implementación de estas medidas e identificar los abusos. “Realmente, el gobierno tiene un poder incontrolable en las medidas contra el terrorismo, ya que hay muy poca monitorización independiente y los parlamentos son débiles”, alertó Hall.

La experta valoró además la situación de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo en EEUU, calificando la retórica del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de “alarmante”, así como los posibles resultados de los comicios este año en países como Francia, Holanda o Alemania. “No es un secreto que se acerca una ola de populismo ni que el presidente Trump quiere recuperar la tortura del ahogamiento simulado y que quiere mantener Guantánamo abierto”, dijo Hall, que apeló a que la gente esté “completamente informada” cuando acuda a las urnas. – Efe