A España se le acaba el tiempo para cumplir con sus deberes. A finales de 2015 se comprometió con la Unión Europea a acoger a más de 17.000 refugiados antes de septiembre de este año; pero a día de hoy ha recibido a menos de 1.000. Para poder respetar el acuerdo pactado con Bruselas tendría que aceptar a más de 1.800 personas al mes. Mientras, los destinatarios de las ayudas se ahogan en el Mediterráneo, se mueren de frío o se olvidan del significado de la palabra futuro.

Oxfam Intermón ofreció a los principales partidos políticos españoles la posibilidad de viajar a campos de refugiados en Grecia y Jordania para tocar con la mano la situación. Ciudadanos, PSOE y Podemos se sumaron a la iniciativa —el Partido Popular declinó al último momento, alegando que todos sus diputados tenían que estar presentes en el Congreso por cuestiones de votaciones— y plasmaron una proposición no de ley con el objetivo de “instar al Gobierno a ser parte y liderar una respuesta global al desafío del desplazamiento global”, cita el texto presentado ante los medios de comunicación este jueves.

La proposición se divide en tres puntos que van desde fomentar “vías legales y seguras” hasta promover los derechos de los desplazados en la política exterior y reforzar las políticas de cooperación. Insta a España a cumplir (y ampliar) con los compromisos pactados en Bruselas y propone “agilizar los procesos administrativos” y “poner los recursos humanos” necesarios al fin de que esto sea posible.

URKULLU APUESTA POR LOS CORREDORES HUMANITARIOS
El lehendakari Íñigo Urkullu ha propuesto este jueves en Roma la adopción de la fórmula de los corredores humanitarios para gestionar la llegada de los refugiados. Así lo indico en una comparecencia ante los medios celebrada en la Comunidad católica de San Egidio, donde mantuvo un encuentro con el presidente de este movimiento, Marco Impagliazzo. Urkullu ha asegurado que trasladará al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy esta iniciativa en una reunión bilateral que ambos mantendrán próximamente.

En Italia ya funcionan estos corredores, que permiten trasladar de manera legal y segura a personas refugiadas para que, una vez en el país, puedan tramitar su solicitud de asilo.

El texto exige desarrollar de manera urgente el reglamento de 2009 sobre el derecho de asilo y propone introducir un visado humanitario que se pueda solicitar directamente en las representaciones diplomáticas españolas en el extranjero. Propone agilizar las concesiones de asilo por reunificación familiar, ampliar este derecho a los mayores de edad y aumentar el número de visados a estudiantes. También insiste en la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria hasta que alcance el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), incrementar esta última en un 0,4% del PIB a lo largo de la legislatura y no contabilizar en ella los gastos relativos a la acogida de refugiados.

Y, para que no fuera poco, España está llamada a ganar protagonismo para que se revisen al alza las cuotas de refugiados asignados a cada país y a buscar una política de Estado para responder a esta crisis. El principal problema, como bien señaló la diputada de Podemos Ione Belarra, es la falta de voluntad política. ¿Cómo hacer para acoger a más de 16.000 personas en nueve meses –cuando no se pudieron recibir ni a 1.000 en más de un año- sin una participación activa del Ejecutivo? Una proposición no de ley no es suficiente, pero es un paso para introducir el debate en la agenda. No hay que olvidar que el partido que gobierna, además de no participar en la iniciativa, no tiene mayoría absoluta en el Congreso. La paradoja de los números.