l as alegaciones que el Gobierno español pone a las leyes aprobadas en el Parlamento Vasco y que están amenazadas en su desarrollo, tras el acuerdo en la Ley Municipal, tienen un trasfondo que van mucho más allá de la razón aparente que alega el Ejecutivo de Rajoy, la de la invasión de competencias. Puede que esa, la de las competencias, sirva como percha para el recurso pero si nos fijamos en el contenido de las leyes lo que se aprecia es dos maneras de entender la política, dos formas muy distintas de abordar las cuestiones reguladas.

Ahí van algunos ejemplos. En la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, lo que está al fondo no es un problema competencial, sino dos filosofías para abordar el problema. Mientras la ley vasca lo enfoca desde un problema de salud, el Gobierno de Rajoy ve una desregularización de facto del consumo de cannabis. Es decir, la vía penal frente a la sanitaria. No es una diferencia menor, aunque se pretenda llegar al mismo sitio, que es una sociedad en la que se consuma menos. Para ello se puede elegir la persecución o la prevención. En realidad, una no excluye a la otra.

La Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por represión ilícita entre 1978 y 1999, aprobada en verano y recurrida en otoño, recoge a efectos administrativos quién fue víctima. De hecho, los impulsores de la ley, PNV y PSE, tuvieron especial cuidado en matizar esta cuestión para evitar ese recurso interpuesto bajo la premisa de que sólo los jueces tienen capacidad de otorgar el estatus de víctima a una persona. Es nuevamente una cuestión de fondo: el PP no quiere revisar el pasado y sabe que con la prescripción de delitos, esos casos de tortura quedarían impunes. Otra vez, la reticencia del PP a revisar lo ocurrido en Euskadi más allá de la violencia de ETA. Se camufla de invasión competencial lo que es una discrepancia política.

¿Y qué pasa con la Ley del Parlamento Vasco que regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)? Este caso es aún más extraño habida cuenta de que su aprobación en junio contó con el respaldo unánime de todos los grupos de la Cámara, incluido el PP. Ojo a la razón del recurso, porque no sé si hoy el PP vasco volvería a apoyar esa ley. Lo que molesta no es que se rebaje el número de firmas de 30.000 a 10.000 para presentar una ILP, sino que sean también inmigrantes legales los que puedan estar entre los firmantes. Para el Gobierno español, siempre tan cicatero en materia de extranjería, los inmigrantes no son “pueblo”.

En resumidas cuentas, detrás de muchos de los recursos bajo la apariencia de una lucha competencial lo que se pretende es ganar en el Tribunal Constitucional lo que se ha perdido en el Parlamento Vasco, donde el partido del recurrente es quinto y último. Eso no es jugar limpio.