CUMPLIRÁN LA sentencia, pero reiniciarán el proceso de expulsión del padrón de inmediato para «evitar el fraude». SOS Racismo de Araba ha ganado una batalla al Ayuntamiento de Gasteiz. La decisión del equipo local de expulsar del padrón municipal a 490 inmigrantes por estar todos censados en los locales de esta ONG en la calle Zapatería ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El máximo órgano decisorio judicial de Euskadi considera que el expediente iniciado por el Ayuntamiento ha agotado los plazos establecidos, tras diez meses en notificar su decisión.

SOS Racismo aplaude esta sentencia porque, explicaba ayer su portavoz Fede García, avala el trabajo que hace esta organización. «Es tan evidente su fracaso (del Ayuntamiento)», indicó que se defienden «culpando a terceros». No daba crédito García a que el Consistorio quiera recurrir la sentencia. De hacerlo, dijo, tampoco lo lamentarían porque «estamos deseando que los tribunales entren en el fondo del asunto». En una rueda de prensa que se celebró en la plaza de la Virgen Blanca, donde SOS Racismo atiende a los inmigrantes desde que se inundaran sus locales de la calle Zapatería hace ya tres años, García solicitó al alcalde Alfonso Alonso, que ofrezca una postura «más humilde» para «acatar el arreglo de esta situación», que arranca en el año 2003. Las investigaciones del Ayuntamiento sobre posibles empadronamientos irregulares de inmigrantes en la capital arabarra – SOS Racismo los califica como "empadronamientos solidarios – derivó en una expulsión masiva de cientos de personas del registro municipal. Todas ellas, alrededor de ochocientas, se encontraban inscritas en el piso que esta organización poseía en la calle Zapatería.

Finalmente, en 2004 el Ayuntamiento dio de baja a 490 personas del padrón municipal, con lo que perdieron la posibilidad de tener tarjeta sanitaria u otro tipo de derechos que concede estar registrado en una vivienda. García aclaraba ayer que estos empadronamientos no buscan, como insinuó en su día el alcalde, acceder de manera fácil a las ayudas sociales, sino que el padrón también concede la posibilidad de tener sanidad o poder tramitar papelo bancario, por ejemplo. Pero «parece que lo que les molesta es que tengan derecho a ciertas ayudas», criticó el portavoz de SOS Racismo de Araba.

Frente a esta postura, el equipo de Gobierno local defiende su actuación y, a través de su teniente de alcalde Javier Maroto, advirtió ayer de que el Ayuntamiento reiniciará el proceso de expulsión de aquellas personas que se encuentran inscritas en el padrón municipal de forma irregular. «Porque lo que no vamos a permitir es el fraude», advirtió el concejal “popular”.

De hecho, desde el Consistorio gasteiztarra se advierte de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no da la razón a SOS Racismo, que recurrió el decreto firmado por Alfonso Alonso el 2 de julio de 2003. Lo que los tribunales han anulado, recordó, es el expediente iniciado por agotar los plazos establecidos. Circunstancia, precisamente, que para Maroto demuestra que el Ayuntamiento no va desencaminado en sus decisiones. Claro que no lo ve así Fede García, quien cree que la expulsión elimina el «primer peldaño» de los inmigrantes para su posible reinserción social.