El colectivo SOS Racismo volverá a recurrir en los tribunales la inminente orden del Ayuntamiento de Vitoria para expulsar por segunda vez del padrón a 489 inmigrantes. Los jueces acaban de anular la primera resolución decretada por el alcalde para dar de baja a estas personas, que hace dos años y medio constaban como residentes en la sede de la ONG en la calle Zapatería.

La caducidad del proceso fue decretada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al considerar que el Consistorio rebasó el plazo para solventar el expediente. Tardó diez meses en hacerlo, cuando debería haberlo resuelto en tres. El concejal responsable del padrón, Javier Maroto, anunció a este diario que los trámites de expulsión se reiniciarán «de inmediato» y culpó del retraso al Consejo de Empadronamiento, que «tardó mucho en resolver el caso».

La respuesta de SOS Racismo llegó ayer y fue tan contundente como la del Ayuntamiento. Su portavoz, Fede García, aseguró que la asociación «está deseando» que el Gabinete Alonso vuelva a abrir el expediente para borrar del padrón a esas 489 personas. Si es así, subrayó, «los tribunales entrarán en el fondo del asunto».

«Nos tendrá enfrente»

García exigió a la Corporación «que cumpla» la sentencia judicial y vuelva a empadronar a los extranjeros, porque «es evidente su fracaso y su incompetencia». El portavoz del colectivo manifestó que el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, debe «bajar la cabeza y ser más prudente». De lo contrario, «nos volverá a tener enfrente con la legalidad en la mano», advirtió.

Precisamente, cuando el regidor popular firmó el decreto de expulsión en 2003 insinuó que el empadronamiento «masivo, ilegal e irregular» de esos inmigrantes era una argucia para que se beneficiaran de las ayudas sociales, a las que tienen derecho si cumplen seis meses inscritos en las oficinas municipales.

A juicio del portavoz de SOS Racismo, la organización debe «suplantar la obligación legal» del Consistorio de asistir a estos inmigrantes, «que se sienten rechazados». Además, García añadió que durante los últimos tres años ha recabado otras 600 solicitudes de empadronamiento más, al margen de las 489 de la polémica.

Por su parte, portavoces del Gabinete Alonso insistieron en que el expediente de expulsión «se reiniciará y no habrá fraude».