LA visita que ayer realizó Rodríguez Zapatero a Ceuta y Melilla constituyó, sin duda, un acontecimiento muy relevante para ambas ciudades autónomas y un precedente para que el Gobierno de España – el actual y los futuros – no vuelva a condicionarse absurdamente por el temor a las reacciones políticas del vecino Marruecos. Se haga lo que se haga con Ceuta y Melilla, siempre habrá actitudes irredentistas en la clase política y en los medios de comunicación marroquíes, aunque sólo sea por mantener viva la excusa del conflicto exterior como velo de las situaciones internas. Por tanto, las instituciones del Estado deben superar toda prevención a la hora de tratar a Ceuta y Melilla como partes integrantes de España, lo que también exige hacer políticas coherentes con esta condición nacional de las dos ciudades autónomas.

La visita del presidente del Gobierno, forzada por la grave situación causada el pasado año por los asaltos masivos a la valla melillense, tiene un gran valor en sí misma, pero debe representar el punto de partida, y no el final, para una nueva actitud del Ejecutivo, no sólo hacia ambas ciudades – que fueron visitadas en 1980 por Adolfo Suárez – , sino también hacia determinadas reivindicaciones tradicionales de Marruecos, incompatibles con la integridad territorial de España. Puede que este paso aún no esté decidido y, por eso, Rodríguez Zapatero se abstuviera de cualquier declaración específica sobre la españolidad de ambas ciudades. Sus discursos fueron fieles a su pensamiento estándar: cooperación en política de inmigración, promesas de inversiones, seguridad y derechos humanos. Pero, aun siendo muy positiva su visita a Ceuta y Melilla por el significado que encierra, más importante es que asegure un futuro político distinto para ambas ciudades. En este sentido, y para que la visita no quede reducida a un paseo, ahora que se hace balance del Estado autonómico sería oportuno plantear la transformación de Ceuta y Melilla como comunidades autónomas, así como, en el caso de que se abra realmente la reforma constitucional, despejar en la propia Constitución cualquier duda sobre la integración irreversible de ambas ciudades en España.