P. MUÑOZ / L. AYLLÓN

MADRID. La llegada masiva de inmigrantes subsaharianos a Canarias, a bordo de embarcaciones procedentes en la gran mayoría de los casos de Mauritania, ha provocado la reacción del Gobierno que, tras una reunión de urgencia, decidió ayer ofrecer a las autoridades de ese país cuatro patrulleras para que puedan controlar mil kilómetros de su litoral. La medida se adoptaba el mismo día en el que al menos 24 inmigrantes irregulares murieran durante la travesía hacia España y sólo un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmara en el Senado que la situación en ese país era «seria», pero no «alarmante».

Las cifras de la inmigración ilegal que llega a España en pateras o cayucos habían sido motivo de satisfacción por parte del Ejecutivo, que durante los primeros meses del año presumía de que habían descendido un 25 por ciento en 2005 respecto al año anterior. Distintos responsables del Ejecutivo atribuían este descenso a la eficacia de las políticas gubernamentales y en particular al desarrollo del SIVE, al nuevo clima en las relaciones con Marruecos que han permitido la intensificación de las patrullas conjuntas y el intercambio «fluido» de información, y también a la detección de barcos negreros antes de que zarparan de los puertos de origen.

Sólo un par de meses después la situación ha cambiado de forma radical. En lo que llevamos de año, el número de «sin papeles» llegados a nuestras costas ha aumentado aproximadamente un 200 por cien respecto al mismo periodo del año anterior. Sólo a Canarias han llegado desde enero tres mil inmigrantes irregulares.

Tal como informó ayer ABC, a últimas horas del pasado martes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, decidía convocar una reunión de urgencia para la mañana de ayer a la que acudieron los titulares de Exteriores, Interior, Trabajo y Defensa, éste representado por su secretario de Estado, Francisco Pardo. Tras el encuentro, el Ejecutivo anunció la puesta en marcha de un Plan Urgente de Cooperación con Mauritania, para lo cual hoy viaja a ese país una delegación española encabezada por los secretarios de Estado de Exteriores e Interior, Bernardino León y Antonio Camacho, respectivamente. Les acompañarán también altos cargos del ejecutivo canario y un representante de la Unión Europea, muy preocupada por la situación.

La delegación española ofrecerá a las autoridades mauritanas el envío de cuatro patrulleras «en buen estado» para la vigilancia de mil kilómetros de costa. También se prevé instalar centros de acogida gestionados por organizaciones no gubernamentales donde los inmigrantes sean tratados dignamente. Para el Gobierno español también resulta de vital importancia la reactivación del Acuerdo Bilateral de Readmisión, firmado hace sólo dos años pero que no se cumplía.

Además, el Gobierno, según fuentes gubernamentales consultadas por ABC, está dispuesto a ofrecer a las autoridades mauritanas ayuda para mejorar su equipamiento y la capacitación de sus funcionarios y policías ante un fenómeno al que Mauritania, un país que vive en buen parte de ayudas oficiales al desarrollo, no puede hacer frente en solitario.

A pesar de los datos, el Ejecutivo estima que no se está produciendo un aumento sustancial de personas que quieren llegar a España, sino que, ante el mayor control que se ejerce desde Marruecos, el flujo migratorio se ha trasladado hacia las costas de Mauritania, aprovechando, además, el buen estado del mar en los últimos días. Incluso se espera que en las próximas jornadas, ante las noticias de que se va a ejercer un mayor control, haya una avalancha de «sin papeles» que pretenden salir antes de que eso se haga realidad.

Menos posibilidades que Marruecos

Algo similar sucedió cuando la crisis de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, entre ambas situaciones hay una diferencia, porque las capacidades de Marruecos a la hora de colaborar en una solución son mucho mayores que las de Mauritania. Igual que entonces, a la ayuda en materia humanitaria, se puede unir la necesidad de organizar operaciones de repatriación a los países de origen y para eso el Gobierno mauritano tiene muy pocos medios, por lo que habría que facilitárselos.

La situación es muy delicada, ya que las autoridades del país africano calculan que son unos 12.000 los subsaharianos que esperan su oportunidad. Muchas de estas personas proceden de Marruecos que, paradójicamente, expulsa a subsaharianos a Mauritania y en cambio no acepta que España ni el resto de la UE devuelva a aquellos que han llegado desde allí. Mientras, esta semana han comenzado los trabajos de instalación de la «sirga tridimensional» en Melilla. Se construye entre las dos alambradas.