Torpeza municipal o retraso burocrático. Una de estas dos cuestiones o ambas a la vez están detrás de la decisión de los jueces de anular la orden decretada por el alcalde Alonso para expulsar del padrón de Vitoria a 489 inmigrantes. Los extranjeros residían hace dos años y medio como inquilinos de un mismo local ubicado en el número 59 de la calle Zapatería – la sede de SOS Racismo – y en 2004 fueron desempadronados en medio de una gran polémica.

Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el expediente municipal por considerar que «ha caducado», y como tal lo deja sin efecto. Dicho de otra forma, los distintos trámites realizados han provocado que al Consistorio se le haya pasado el plazo estipulado por los jueces para estos procesos, después de tardar diez meses en notificar su decisión, que siempre fue firme. Y lo seguirá siendo. De he – cho, el Gabinete Alonso reiniciará el expediente «de inmediato», confirmó ayer a EL CORREO el teniente de alcalde Javier Maroto.

El conflicto arranca con un decreto sin precedentes firmado por el alcalde el 2 de julio de 2003. Tras medio año de investigaciones, Alonso ordenó suspender el empadronamiento «masivo, ilegal e irregular» de 800 inmigrantes que en teoría ‘vivían’ en la sede de SOS Racismo. El regidor insinuó que era una simple argucia para beneficiarse de las ayudas sociales a las que tienen derecho si cumplen seis meses registrados en el padrón.

Los trámites continuaron pese a las enérgicas protestas de la ONG, que llevó el decreto municipal a los tribunales en octubre de 2003. Hasta ahora la denuncia había quedado casi en el olvido, pero el 15 de febrero los jueces dictaron sentencia. Aunque el Tribunal de Justicia no ha dado toda la razón a SOS Racismo – de hecho no admite el recurso contra el decreto del alcalde firmado el 2 de julio de 2003 – , sí «anula» una posterior resolución en la que desembocó este proceso. Fue dictada el 20 de mayo de 2004 y en ella el Ayuntamiento daba de baja a 489 personas, ya que muchos de los extranjeros ya se habían empadronado en otro lugar diferente para entonces.

El Alto Tribunal Vasco fundamenta su fallo en que Vitoria rebasó el plazo exigido para este tipo de procesos. Recuerda que el 2 de julio de 2003 el Consistorio inició el expediente, y que no fue hasta el 20 de mayo de 2004 cuando lo resolvió de forma definitiva, por lo que «se excedió con creces el tiempo establecido», que como máximo es de tres meses.

«No es culpa nuestra»

Las consecuencias inmediatas de la sentencia son inciertas, aunque el portavoz de SOS Racismo, Fede García, ya ha advertido en más de una ocasión que si los jueces anulaban la orden del Ayuntamiento «tendrán que readmitir a los expulsados y deberán dejarnos empadronar a personas en nuestra sede».

No lo tendrá tan fácil. El Gabinete Alonso reiniciará el expediente para expulsar a esos inmigrantes «de forma inmediata, porque no vamos a permitir el fraude. Es más, todo esto demuestra que actuamos bien», dijo el responsable del padrón, Javier Maroto.

El concejal asumió la sentencia, pero alegó que «no es culpa nuestra, ya que el retraso lo ha provocado el Consejo de Empadronamiento – un órgano que depende del Ministerio de Economía y Hacienda – que debe dar luz verde a las bajas y que tarda mucho en reunirse». Cuando se reinicie el expediente, Vitoria pedirá a este órgano «que resuelva esto cuanto antes».