PAMPLONA. El vizcaíno Mikel Zuloaga y la navarra Begoña Huarte, arrestados en la tarde del pasado martes en el puerto griego de Igoumenitsa cuando intentaban cruzar en ferry el mar Adriático con una autocaravana junto a ocho refugiados, quedaron ayer finalmente en libertad bajo fianza de 2.000 euros cada uno, y bajo los cargos de “favorecer la inmigración ilegal” y de “imprudencia grave para la integridad de las personas refugiadas”, según informó plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak y el Gobierno de Navarra, que recibió la noticia por el propio embajador griego. La decisión judicial fue recibida con alivio y satisfacción en el entorno familiar y de amistades de la profesora navarra aunque, probablemente hasta pasado el fin de semana, los activistas no vuelvan a Euskal Herria por dos razones. Por un lado, hay problemas burocráticos para hacer efectiva la fianza; y, por otro, han mostrado su voluntad de corresponder las muestras de solidariad de diversos colectivos griegos y de los propios refugiados. Éstas también se sucedieron ayer en Navarra, la CAV y el resto del Estado tanto a nivel popular (con concentraciones de apoyo y comunicados) como institucional ya que el Parlamento de Navarra aprobó una declaración formal (con los partidos del cuatripartito); los senadores de diversos grupos (Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, EH Bildu y Esquerra) dirigieron una carta a las autoridades griegas, lo mismo que el vicepresidente del Gobierno de Navarra Miguel Laparra, quién reiteró al embajador la diposición de la Comunidad Foral a acoger formalmente más refugiados.

Desde la plataforma Iruña Ciudad de Acogida se emitió ayer por la tarde un comunicado agradeciendo todos los apoyos y mostrando su “profunda alegría” por la puesta en libertad de Begoña y Mikel; pero, a la vez, denunciando “las graves acusaciones que se han presentado por una acción de un carácter radicalmente humanitario y político”, así como por la “imposición” de la fianza. Asimismo, expesaron su compromiso de “seguir impulsando acciones de solidaridad y de desobediencia civil a favor de las personas migrantes y refugiadas y en contra de las políticas de barbarie que alientan la Unión Europea y sus gobiernos”. A su entender, la petición fiscal “refleja la hipocresía con la que se trata la migración y el refugio”, por lo que rechazaron y denunciado los contenidos de la petición fiscal presentada ante Begoña Huarte y Mikel Zuloaga, así como “la hipocresía que refleja frente al trato que reciben cotidianamente personas migrantes y solicitantes de asilo”. En ese sentido, censuraron que Huarte y Zuloaga fueron acusados de “favorecer la inmigración ilegal, mientras que son más de 62.700 personas las que se encuentran atrapadas y sin libertad de movimiento en Grecia (una parte de los 244 millones de migrantes del mundo), desde que la UE decidiera cerrar la llamada ruta de los Balcanes”. En esta línea vieron irónico acusarles de poner en riesgo “la integridad” de los refugiados cuando más de 5.000 han muerto intentado llegar por mar desde 2016.

comunicado de apoyo

“Hipocresía de los Estados europeos”. “Al día siguiente de la detención y tras hacer pública la denuncia de su situación, el gobierno español anunció la llegada de 198 personas refugiadas, que elevan a 898 las actualmente acogidas en el estado, un 5% del total pactado con la Unión Europea (17.000). Una cuota raquítica e injusta que ni siquiera este gobierno (al igual que sus homónimos europeos) está cumpliendo”, señalan desde Iruña Ciudad de Acogida en un comunicado.

“Solidaridad y desobediencia”. “La constatación de esta barbarie es la que nos impulsa, ante la inacción y la complicidad de los gobiernos, a promover desde la sociedad civil acciones de solidaridad, denuncia y movilización, así como también de desobediencia. Entendemos – agregan – que el camino de la desobediencia civil es absolutamente legítimo ante leyes injustas y ante políticas migratorias y de cierre de fronteras de la UE que chocan con los derechos humanos y provocan la muerte o el que miles de personas se encuentren, como en el caso de Grecia, en un limbo jurídico. Por ello estamos orgullosas de la generosidad y el compromiso de Begoña y de Mikel”, concluyen.

“Solidaridad y desobediencia”. “Solicitamos, por tanto, que queden libres de cargos. Les estamos esperando ya en casa, con sus familiares, amigos y amigas. Contamos con ellos en nuestras organizaciones para seguir trabajando en favor de una sociedad más justa y más libre. Instamos a los gobiernos navarro, vasco y español a que se comprometan con esta petición y se impliquen en su resolución. Les instamos, al igual que al resto de instituciones y gobiernos a que modifiquen su papel en el desarrollo de unas políticas migratorias injustas e inhumanas. A que declaren sus territorios como zonas de acogida y, si es necesario, no colaboren y desobedezcan ante medidas contrarias a los derechos humanos”, terminan.