GASTEIZ – El gasto de Euskadi en protección social ha crecido en casi mil millones de euros en los últimos cinco años y en 2015 se dedicaron 16.938,7 millones que suponen 7.797 euros por cada ciudadano al pago de pensiones, prestaciones asistenciales y de enfermedad, desempleo, ayudas a la familia y la dependencia, y lucha contra la exclusión social, entre otros conceptos. El aumento presupuestario mantiene un año más la diferencia positiva del gasto en protección social en Euskadi respecto a la media de la Unión Europea y del Estado español.

Según la Cuenta de la Protección social en la C. A. de Euskadi 2015 que difundió ayer el Eustat, el volumen total de dinero destinado a cubrir la atención social de la población vasca pasó de 15.971 millones de euros en el año 2010 a 16.939 millones en 2015, lo que supone un incremento del 6%. El Instituto Vasco de Estadística puntualiza que una vez descontados los gastos de administración el valor de las prestaciones sociales abonadas en 2015 alcanzó los 16.644,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,1%, respecto a 2014.

ATENCIÓN A LA VEJEZ La atención a las personas mayores, que incluye las pensiones y prestaciones asistenciales de alojamiento y atención domiciliaria, es el epígrafe de mayor peso dentro del gasto en protección social, alcanzando un total de 7.150,4 millones en 2015. También es el capítulo que registra mayor crecimiento interanual, un 4,2% respecto a 2014, y un 19% en comparación con los 6.004 millones de euros gastados en 2010. De hecho, el gasto destinado a Vejez por cada ciudadano de la Comunidad Autónoma Vasca de 65 años o más asciende a 15.484 euros, mientras que hace cinco años era de 14.304 euros.

Según los datos contenidos en la memoria anual del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES), en 2015, más de medio millón de personas 541.191, según una primera aproximación fueron beneficiarias del sistema de la Seguridad Social, un 1,2% más que en el año precedente. Así, una cuarta parte de la población vasca el 24,9% está cubierta por prestaciones económicas de la Seguridad Social. El gasto total en pensiones en la CAV aumentó un 3,2% el año pasado.

En el informe del Eustat el segundo apartado con mayor volumen de gasto es Enfermedad/Atención sanitaria, con un desembolso en 2015 de 4.268,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2% respecto a 2014. El desembolso medio en atención sanitaria por habitante es de 1.964 euros. El gasto en la función Desempleo, que incluye las prestaciones por desempleo y el gasto en fomento y formación para el empleo, supone el 7,4% del total de 2015 y es la única función cuyo gasto ha disminuido respecto a 2014, un 19,6%; en 2014 también hubo un descenso de este gasto, en concreto, un 18,3%.

El análisis de los datos para 2014, último año para el que se tienen cifras definitivas, indica que las prestaciones en efectivo por desempleo disminuyeron un 18,8% respecto a 2013 y las prestaciones en especie fundamentalmente, formación de desempleados también se redujeron, un 9,9%. Según el Eustat, estas variaciones son acordes al descenso registrado en el número de beneficiarios de prestaciones de desempleo: -17,5% en 2015 y -11,8% en 2014.

En cuanto a la distribución del gasto en protección social por funciones, el concepto Vejez supone el 41,7%, mientras que Enfermedad/Atención sanitaria comprende el 25,4% de las prestaciones. Las funciones de menor peso especifica el Eustat son Exclusión social, que en los últimos años ha aumentado ligeramente su participación, pasando de ser el 2,6% del gasto en prestaciones en 2010, al 3% en 2014 y el 3,04% en 2015; y Familia/Hijos que en 2014 supuso el 2,9% .

LA RGI En el epígrafe de Exclusión social tiene una relevancia especial el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Según el CES, el año pasado descendió un 1,5% el número de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), tras 15 años de crecimiento ininterrumpido. El perfil de la persona beneficiaria de la RGI es el de una mujer, de más de 40 años y con estudios básicos. La población extranjera supone el 36,1% del total de las personas beneficiarias de la RGI 27,2%, en 2014.

En 2015, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos (Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia Social) supuso un gasto aproximado de 525,2 millones de euros; un 5,5% más que el año anterior. La cuantía básica de la RGI es de 665,90 euros mensuales; un 58,3% superior a la media del Estado español y la más elevada de todas las comunidades autónomas.

Si atendemos a la administración o institución que llevan a cabo el gasto en protección social, el Sistema de la Seguridad Social y la Administración del Estado son el origen del 61,3% del total del dinero invertido en Euskadi en cubrir las necesidades sociales de las personas. Por su parte, el gasto realizado por las Administraciones Vascas supuso el 31,3%, alcanzando los 5.243,1 millones de euros en 2014, un 1,9% más que en 2013. El concepto Administraciones Vascas engloba el sistema público de servicios sociales conformado por Gobierno Vasco, Lanbide, Diputaciones Forales y Administraciones Locales, que aumentaron su gasto un 3,6%, pasando de 1.814,4 millones en 2013 a 1.878,6 millones de euros en 2014. Por otro lado, el gasto del sistema sanitario público, incluido dentro de Administraciones Vascas, aumentó un 0,9%, pasando de 3.332,9 millones en 2013 a 3.364,5 millones en 2014.

En la comparación con Europa, con los últimos datos publicados por Eurostat, correspondientes a 2014, el gasto en protección social por habitante en Euskadi, medido en Paridad de Poder de Compra (PPC), fue de 8.341 puntos, por encima de la media de EU-27 (7.937) y del Estado español (6.121), situación que se mantiene desde el año 2008.

Los datos comparativos del gasto en protección social per cápita de Euskadi en relación con los países europeos y con España hechos públicos el pasado verano por el Eustat destacaban que en el año 2013 el gasto social per cápita de la Comunidad Autónoma Vasca superaba en más de 2.100 puntos en PPC el del Estado español, lo que supone destinar a prestaciones y servicios sociales un 34,9% más que la media española. Las prestaciones sociales, que constituyen el núcleo de esta comparativa , son “los pagos, tanto en efectivo como en especie, que reciben los hogares desde los sistemas de protección social y que son suministrados directamente, es decir, suponen un incremento equivalente de la renta disponible del beneficiario”.