Galicia dispone de un total de 200 plazas concertadas en centros de acogida para la atención de inmigrantes sin recursos, aunque no destinadas única y exclusivamente a los africanos que llegan a las costas españolas indocumentados, sino también para sudamericanos o ciudadanos del Este en situación de emergencia.

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La Xunta, a través del acuerdo al que llegó con el Gobierno central para la atención de los subsaharianos que llegan en pateras o que cruzan la valla en Ceuta y Melilla, espera poner a disposición del Ejecutivo más plazas asistenciales de las que ofrece en la actualidad. De momento se están acogiendo inmigrantes sólo en Vilagarcía, pero en breve llegarán otras remesas a Ourense y A Coruña a través de convenios con entidades que trabajan con estos colectivos. «O mínimo que se nos pediu foron trinta prazas, e esas son coas que estamos a traballar, pero non se descarta que haxa máis», asegura José María Pita, subdirector xeral de Integración da Inmigración.

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La Xunta proyecta publicar una orden por la que se pone a disposición de las organizaciones no gubernamentales gallegas una serie de ayudas para la atención de los inmigrantes que llegan en las pateras y para los que ya no hay sitio en las casas de acogida del sur de España y de Canarias. «A idea é que se fagan cargo deles as organizacións con capacidade e experiencia para traballar con inmigrantes». Son, únicamente, plazas asistenciales, ya que en los convenios no se hace referencia a la integración. «É unha idea que naceu dunha situación de emerxencia – explica José María Pita – ; eles pediron axuda e nós colaboramos». Eso no quita que en aquellos centros en las que ya tengan programas de educación o integración laboral, como es el caso de Cáritas en Vilagarcía, no puedan sumarse a ellos en tanto permanecen en dichos hogares.

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Emergencia

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El acuerdo al que la Xunta llegó en su día con el Gobierno central se limita a ofrecer atención asistencial a los subsaharianos que llegan a Galicia. El protocolo de actuación garantiza tres meses de estancia en un centro, que luego puede ampliarse a otros tres en caso de necesidad, aunque posteriormente se decidió pagarles un billete para ir a otra localidad o reunirse con familiares.

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Los convenios firmados por el Gobierno central con las comunidades autónomas han sido criticados desde distintos organismos que trabajan con inmigrantes y que consideran la iniciativa como un «paseo de fantasmas» por los distintos albergues españoles.

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Desde el pasado mes de diciembre se han dispersado por las comunidades autónomas más de dos mil subsaharianos que estaban hacinados en los centros ubicados en el sur de España.