El vizcaíno Mikel Zuloaga, militante de la izquierda abertzale, y la navarra Begoña Huarte, miembro del Foro Social Permanente, han sido detenidos en el puerto de Igoumenitsa, en el noroeste de Grecia, cuando intentaban trasladar ocultos en una autocaravana a ocho refugiados con los que pretendían llegar al País Vasco. La organización vasca Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados) ha asegurado este miércoles que los activistas participaban en una “iniciativa de solidaridad y denuncia de las políticas migratorias europeas y en defensa de los derechos humanos”.

El colectivo ha confirmado que Zuloaga y Huarte ocultaron a los ocho refugiados en la bodega de una autocaravana acomodada con colchones. Se trata de una mujer transexual que huyó de Pakistán y de jóvenes de Siria, Irak, Afganistán e Irán. Los refugiados fueron detenidos por la policía cuando intentaban embarcar en un ferry en la noche del 27 al 28 de diciembre desde el puerto de Igoumenitsa con destino a Italia. Seis de los ocho inmigrantes —entre ellos, la mujer transexual— han sido puestos en libertad a primera hora de este miércoles y los otros dos, de nacionalidad pakistaní, tramitan la petición de asilo.

Los dos activistas permanecen detenidos a la espera de comparecer el próximo viernes ante instancias judiciales y pueden ser acusados de tráfico de seres humanos, un delito que en Grecia es castigado con penas de prisión. “Ellos están siendo asesorados por abogados griegos especialistas en derechos humanos”, afirma Anabel Sanz, portavoz de la plataforma. Los letrados se han negado a hacer declaraciones mientras no les comuniquen los cargos que les pueden imputar.

Sanz compara el caso al de los bomberos sevillanos que fueron detenidos en el puerto griego de Mitilene, en Lesbos, el pasado enero por rescatar a refugiados en el mar. Los voluntarios fueron liberados tres días después, después de pagar una fianza de 15.000 euros. La portavoz de la plataforma espera que ocurra lo mismo con Zuloaga y Huarte: “Estamos en contacto con los Gobiernos de Euskadi y Navarra para que medien la situación”. Fuentes del Ministerio de Exteriores de España han informado que el Gobierno está “muy pendiente del caso” y en “contacto constante” con las autoridades griegas. La Embajada de Grecia en Madrid ha comunicado, en cambio, que todavía no conoce los detalles del caso. 

En un vídeo difundido este miércoles en las redes sociales y grabado antes del arresto, Zuloaga reivindica la acción de “desobediencia civil”, financiada por voluntarios de diversas organizaciones sociales. “Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas”, afirma el vizcaíno al lado de Huarte. Zuloaga ya había estado en Grecia el pasado julio, como miembro de la Caravana a Grecia, una ruta en la que activistas de toda España viajaron a los campos de refugiados del país heleno y protestaron frente a la Embajada de España en Atenas.

Cristina García, miembro de Bienvenidos Refugiados, afirma que no todos los voluntarios de la organización conocían el plan de trasladar a los refugiados en una caravana y que “no pueden comentar la procedencia del vehículo”. García señala que la organización había calculado todos los riesgos y por eso, antes de llevar a cabo la acción, se pusieron en contacto con abogados griegos que suelen trabajar con ONG. “De hecho, ellos grabaron el vídeo para aclarar que no son traficantes de personas, sino activistas”, comenta García. 

“Desobedecemos abiertamente a los gobiernos europeos que han convertido las fronteras en espacios de muerte, detención y deshumanización para miles de personas. Mientras los gobiernos sigan vulnerando los derechos humanos e incumpliendo su raquítico cupo [de acogida de refugiados], la gente de buena fe tenemos el derecho a desobedecer trayendo a personas refugiadas y haciendo de Eushal Herria tierra de acogida”, concluye el activista en el vídeo. 

El Gobierno vasco ha informado a través de un comunicado que está desarrollando las “gestiones oportunas” para interesarse por la situación de los detenidos. El Ejecutivo autonómico ha señalado que comprende la “indignación y desacuerdo” con la política migratoria de la Unión Europea, pero “no comparte el método elegido en este caso para trasladar su denuncia”.