. Anis Amri, el presunto autor del atentado de Berlín, era un tunecino que solicitó asilo al llegar a Alemania en 2015. Y eso es un problema político mayúsculo para la canciller Angela Merkel de cara a las elecciones del próximo mes de septiembre. Su gestión de la crisis de los refugiados es el elemento más polémico de sus once años en el poder y el ataque ha desatado las críticas. Las directas, de la ultraderecha, llegaron primero. A ellas siguieron otras más sutiles, pero con mucha mayor capacidad de arrastre: las de dentro su propio partido.

Los cadáveres de los doce muertos en el ataque yihadista del pasado lunes estaban aún en el suelo de la Breitscheidplatz cuando el eurodiputado de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Marcus Pretzell disparó a través de Twitter: «¿Cuándo va a reaccionar el Estado de Derecho alemán? Son los muertos de Merkel». Poco después, la líder del partido, Frauke Petry, acusó a la canciller de irresponsable, imprudente y culpable política de los ataques. Alemania «ya no es segura» porque Merkel mantuvo las fronteras «irresponsablemente abiertas». El problema «fue importado de forma imprudente y sistemática en el último año y medio». El atentado de Berlín, agregó, «no es ni será un caso aislado». En estas declaraciones hay mucha estrategia. AfD es consciente de que puede ser la única beneficiada a nivel político del atentado. Ya sucedió tras los dos ataques yihadistas del verano, cometidos por peticionarios de asilo. En septiembre, AfD lograba sus mejores resultados históricos, un 15% de apoyos en los sondeos, situándose como tercera mayor fuerza del país. En las elecciones de 2013 obtuvo un 4,7% de apoyos.

De forma inversa, el bloque conservador de Merkel – su Unión Cristianodemócrata (CDU) y sus socios bávaros, la Unión Socialcristiana (CSU) – vieron sus cifras caer tras los atentados hasta sus peores datos desde 2012. Si en las elecciones de 2013 lograron un 41,5% de votos, en septiembre caían hasta el 32%. Seguían siendo la fuerza más votada, pero con un evidente desgaste. AfD no está sola en sus críticas. La CSU, una importante fuente de votos, y ciertas familias de la CDU están en frontal desacuerdo con la gestión de Merkel en la crisis de los refugiados. Y lo dejan saber ahora que el caso del ataque ha entrado en una nueva fase con la muerte del principal sospechoso en Milán. Exigen que se reduzca drásticamente el número de refugiados, que se aceleren las expulsiones de aquellos rechazados y de los que supongan un peligro, y un refuerzo de la vigilancia en la calle y en las fronteras.

El presidente de la CSU y del Estado de Baviera, Horst Seehofer, exigió tras el atentado una reforma de «toda la política de migración y seguridad». Además, reiteró su propuesta de fijar una cuota máxima de admisiones de 200.000 refugiados al año, una demanda a la que Merkel se ha negado, alegando que sería inconstitucional. «El tope máximo va a llegar en caso de que gobernemos» tras las elecciones, advirtió Seehofer, que en los últmos meses ha llegado a amenazar con no respaldar a Merkel como candidata a la Cancillería en septiembre si no se cambia el rumbo en este ámbito. El portavoz de política interior del grupo CDU/CSU en el Parlamento, Stephan Mayer, abogó por reformar la ley para poder encarcelar a aquellos extranjeros «obligados a abandonar el país» que suponen un «peligro inmediato para la seguridad pública» (como era el caso de Amri).