La Fiscalía de Lugo no formulará acusación alguna contra 18 personas que figuraban como imputadas en la denominada operación Pollo, en la que una jueza puso al descubierto una supuesta trama que explotaba a ciudadanos marroquíes a los que cobraban diversas cantidades por traerlos a Lugo y zonas limítrofes. Luego les pagaban 19 euros cada jornada de trabajo de 14 horas un par de céntimos por cada pollo que cargaban en mataderos o los ponían a cuidar ovejas o vacas con salarios de 19 euros por 14 horas diarias.Entre quienes quedan fuera de la investigación figura Alberto Linares, que era el jefe de la oficina de extranjería de Lugo.
El fiscal jefe de Lugo mantiene como investigadas a un total de veinte personas entre las que figuran cuatro ciudadanos marroquíes. El resto están relacionados con empresas de Lugo.