La madre de Anis Amri, autor del atentado de Berlín y abatido la madrugada del viernes durante un tiroteo con la policía en Milán, acusó a las fuerzas de seguridad de Italia y Alemania del destino de su hijo, quien juró lealtad al Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) a través de un vídeo que fue divulgado ayer por la agencia vinculada al grupo yihadista, Amaq. «Le pillaron dos o tres veces. ¿Por qué no lo expulsaron a Túnez? ¿Por qué no lo juzgaron? ¿Por qué no lo metieron preso?», sostenía la mujer en una entrevista con el canal internacional Deutsche Welle.

La canciller Angela Merkel se pregunta lo mismo y, aunque muchas de las respuestas se saben, pidió a sus ministros de Justicia y de Interior, Heiko Mass y Thomas de Maizière, que analicen junto con los servicios secretos en coordinación con los estados federados «todos los aspectos del caso Anis Amri», desde su llegada a Alemania en julio de 2015 hasta su muerte. «Espero ese análisis lo antes posible y espero propuestas porque allí donde se vea la necesidad de cambios legales o políticos, el Gobierno acordará y actuará», afirmó Merkel como respuesta a los fallos del «sistema» que el caso Amri ha revelado y no sólo en Alemania, donde estaba siendo «observado» por su peligrosidad a la espera de su deportación a Túnez, sino a nivel europeo.

Preocupante resulta que el tunecino cruzara sin problemas dos fronteras Schengen –Francia e Italia– armado y con una orden internacional de detención contra él. Sintomático es que los servicios secretos en Europa, donde el terrorismo yihadista va sumando cruces, desconocieran u obviaran que Amri estuviera en la lista de personas con entrada prohibida en EEUU por haber mantenido contacto directo con el IS a través de la mensajería cifrada de la red social Telegram. Inexplicable resulta que Marruecos advirtiera al servicio alemán de Inteligencia en dos ocasiones –el 19 de septiembre y el 11 de octubre– del peligro que suponía Amri y que Alemania sólo adoptara medidas con los dos simpatizantes del IS con los que Rabat dijo que mantenía contacto, un ruso que fue expulsado de Alemania y un marroquí al que se le retiró el pasaporte.

La sucesión de fallos en seguridad es interminable y llamativa en la eficiente Alemania, donde, pasado el duelo que requería la decencia política, se ha gestado un debate que implica a todas las fuerzas políticas, de seguridad y a todas las administraciones. La discusión, pese a los intentos de algunas fuerzas por pervertirla llevándola al terreno de siempre, no es sobre la política de refugiados sino sobre el Estado y sobre cómo protegerlo. Y las posiciones difieren. La Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel quiere, por ejemplo, declarar Marruecos, Túnez y Argelia países seguros, lo que además de evitar hordas de peticionarios de asilo procedentes del Magreb facilitaría las expulsiones de los ilegales. El socio de la gran coalición, el Partido Social Demócrata (SPD), se opone y, junto a ellos, Los Verdes y La Izquierda.

Por la misma regla de tres, el partido de Merkel pide agilizar las expulsiones y la última revisión de la ley de extranjería aprobada por la gran coalición así lo recoge. La normativa, cuya aplicación compete a los estados federados, está bloqueada en la Cámara que los representa –el Bundesrat– por el SPD, Los Verdes y La Izquierda. Más aún, en los acuerdos de coalición de Gobierno se menciona explícitamente que no habrá expulsiones.

Amri iba a ser deportado en verano y de hecho se le condujo a prisión por ese motivo. No esperó mucho tiempo. El tunecino tuvo que ser puesto en libertad al expirar el plazo de detención establecido por ley esperando la documentación de Túnez, que primero no le reconocía como nacional y luego demoró la entrega del pasaporte hasta el miércoles, dos días después del atentado y cuando el nombre de Amri ya era público. La CDU –y también aquí con sus socios bávaros de la CSU– ha propuesto reiteradamente elevar ese periodo de internamiento previo a la deportación de cuatro a 14 días. El SPD, Verdes e Izquierda se oponen.