A DIFERENCIA de Europa, EE.?UU. ha venido asimilando sin excesivos problemas a millones de emigrantes. Hay bastantes políticos estadounidenses que se enorgullecen diciendo que «los recientes acontecimientos en Francia serían impensables aquí». Las razones son de diverso tipo. Estados Unidos es una nación tradicionalmente de emigrantes, en el siglo XIX y buena parte del XX los llegados no han procedido masivamente de ningún país, por lo que han sido digeridos más fácilmente, e incluso ahora, en que hay una llegada relevante de latinos, las dimensiones de la población estadounidense hacen que el crisol americano siga funcionando satisfactoriamente y absorbiendo a los que acuden buscando mejorar su vida. Los porcentajes de gentes de otras culturas claramente diferentes, islámicos, orientales, son ínfimos dentro de la población total. No ocurre así en Europa.

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Lo que no quiere decir que el tema no suscite crecientes preocupaciones. Huntington lanzaba una exagerada voz de alarma. Los números son apabullantes: unos once millones de personas, tantas como la población de Portugal, viven en EE.?UU. ilegalmente, constituyen la cuarta parte de la totalidad de los trabajadores agrícolas del país, y la marea continúa: casi medio millón entran irregularmente cada año en el país. Las razones de la atracción son similares a las nuestras: un mexicano, principal nacionalidad de los emigrantes, gana en su país, cuando tiene trabajo, la quinta parte que en Estados Unidos. Parecido a lo nuestro con la gente que llega de África.

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Opinión pública, medios de información y políticos se ocupan cada vez con más intensidad del tema. Una encuesta publicada en la difundida revista Time recogía una curiosa impresión de los estadounidenses. Una clara mayoría (63%) estimaban muy preocupante la cuestión de la emigración ilegal, aunque sólo una minoría consideraba que el tema le afectaba personalmente. Igualmente contradictorio era otro posicionamiento: el 76% creían que los clandestinos tenían derecho a hacerse estadounidenses, pero un 50% decían que había que deportar a los que hubiera ahora.

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La presión principalmente en los Estados fronterizos – Arizona, California¿ – , donde las perennes inquietudes de la población – los emigrantes aumentan la criminalidad, quitan empleos a los nacionales¿. – afloran más, ha llevado el tema a Washington. La polémica se centra en parte en lo conocido: ¿son necesarios los emigrantes para la economía? Muchas personas piensan que sí. Una propuesta de los senadores McCain, republicano, y Kennedy, demócrata, sostenía que el ofrecimiento de la nacionalidad eventual alentaría a los ilegales a salir de la clandestinidad. Bush se quedaba a medio camino, quería mayor control fronterizo acompañado de «un programa razonable y humano de acogida del emigrante».

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El presidente no tiene ahora, al parecer, ni el tiempo ni el capital político necesarios para imponer su enfoque, y la Cámara de Representantes tomó cartas en el asunto con un proyecto bastante más duro que los del presidente y los senadores. El Senado elabora ahora el suyo, suavizándolo. Aboga por construir una doble verja a lo largo de un tramo de la enorme frontera (3.200 kilómetros) y reforzar con 10.000 agentes la patrulla fronteriza, que ya cuenta con 11.000. Debate ahora en su comisión jurídica si crea un programa para acoger a emigrantes anualmente, si permite que los irregulares soliciten un visado de dos años renovable y si tipifica como delito la entrada ilegal en Estados Unidos. La Iglesia católica, alarmada, ha terciado. El cardenal Mahony, de Los Ángeles, ha denunciado la «histeria antiemigrante» que recorre a sectores de la población, y ha anunciado que dirá a sus sacerdotes que no acaten la nueva ley si ésta dispusiera que deben pedir a los emigrantes que les muestren su documentación antes de prestarles asistencia de ningún tipo. «¿Quieren que le pidamos el carné al que venga a comulgar?», ha ironizado con rabia.