Si existían dudas sobre la responsabilidad de Amri, el jueves se despejaron. El ministro del Interior, Thomas de Maizière, dijo que el tunecino de 24 años es “con alta probabilidad” el autor de la matanza. Entre otras pruebas, citó sus huellas dactilares encontradas en la cabina del camión que arrolló el mercado navideño. A su lado, la jefa de Gobierno expresó su “orgullo” por la “tranquilidad” con la que la población alemana ha reaccionado al atentado.

Ambos comparecían en la sede berlinesa de la Oficina Federal de Investigación Criminal. No es habitual que Merkel se desplace a otro organismo para ser informada. Con su presencia allí quería enviar un mensaje político: que sigue la búsqueda del sospechoso minuto a minuto.

Las señales ahora son importantes. La incapacidad del Estado alemán para controlar a Amri supone un durísimo golpe para Merkel a solo nueve meses de las elecciones federales. “Fracaso en la expulsión”, denunciaba en su portada el tabloide Bild, el más leído del país. “Los servicios de seguridad sabían desde hace tiempo que Anis Amri era muy peligroso. ¿Cómo pudo escabullirse de la policía?”, se preguntaba el Süddeutsche Zeitung.

Alemania tiene registrados a unos 550 islamistas a los que considera dispuestos a cometer actos violentos, pero, según aseguraba al periódico muniqués una fuente de la investigación, solo unos pocos son considerados extremadamente peligrosos; y Amri era uno de ellos.

Sin esperar a tener la respuesta a estas preguntas, destacado dirigentes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel se han lanzado a una subasta de propuestas. Armin Laschet, que el próximo mayo se juega su futuro en las importantísimas elecciones regionales de Renania del Norte – Westfalia, comenzó a primera hora del día. “Así no se puede garantizar la seguridad”, aseguró a la radio pública el democristiano, que confesó estar “conmocionado” por gestión del caso que han hecho las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas, los democristianos han vuelto a hablar de las muy cuestionadas “zonas de tránsito” –centros levantados en las fronteras donde internar a los recién llegados a la espera de saber si tienen derecho a asilo – , han propuesto facilitar la expulsión de aquellos cuya solicitud haya sido rechazada e implantar unos sistemas electrónicos en la pierna de los islamistas peligrosos con el que se les pueda tener controlados en todo momento.

El atentado ha tenido el efecto colateral de reabrir las heridas entre Merkel y sus teóricos aliados bávaros de la CSU. Estas nunca se habían cerrado del todo. Los socialcristianos que gobiernan en Múnich insisten en fijar un límite para toda Alemania de 200.000 refugiados al año, una idea que la canciller rechaza radicalmente. Pero los dos partidos, conscientes de que al final tendrán que ponerse de acuerdo para concurrir a las elecciones de septiembre, habían empezado a lanzar señales de acercamiento. Ese proceso se ha dinamitado ahora.

El líder de la CSU, Horst Seehofer, no esperó ni siquiera a que se aclarara el ataque: a las pocas horas ya decía que el Gobierno debía cambiar su política migratoria. “Se lo debe a las víctimas”, añadió. Destacados dirigentes de la CDU criticaron al bávaro por usar la tragedia para sus objetivos políticos; y le echaron en cara que su lenguaje no difería demasiado del de los populistas xenófobos de Alternativa para Alemania, que en las próximas elecciones pueden ser los grandes beneficiados del ataque.