Bilbao – Una orden policial que instaba a los agentes de la Policía Municipal y de la Ertzaintza a “identificar a los magrebíes con mochila” en Bilbao encendió la mecha la semana pasada. El Ayuntamiento de Bilbao rectificó de inmediato, una corrección que ayer reiteró el máximo responsable en una comparecencia con el objeto de aclarar este asunto. Tomás del Hierro, concejal de Seguridad Ciudadana, aseguró que el documento se trataba de un borrador interno, no definitivo, sin vocación de ser público. “Intentamos ser comedidos con las expresiones”, alegó el máximo responsable de la guardia urbana bilbaina, quien defendió ante las acusaciones de la oposición que “la Policía Municipal no es xenófoba”.

En cualquier caso, afirmó que cuando realiza un plan, como el que es objeto de debate para la prevención de hurtos y robos con violencia e intimidación, se tienen en cuenta datos objetivos de campañas anteriores. “Lo que pasa en delincuencia es que un porcentaje alto de delitos son realizados por ciertos colectivos”, añadió el edil, quien tildó de “buenistas” y “exquisitos” a los grupos políticos que afearon esta afirmación. A su lado, Iñaki Loizaga, director de la Policía Local bilbaina, corroboró que trabajan con estadísticas. “Aunque tenemos que procurar no señalar de forma explícita, centrándonos en lugares pero no en personas o colectivos”, concedió el responsable policial sobre el plan que instaba a registros en “la zona de San Francisco, por las calles Bailén y los puentes de La Ribera y San Antón”.

En ese sentido, expuso que se trata de “un error lamentable” y expresó que no era su intención la estigmatización de ningún colectivo. “Lo que se ha publicado no es lo que se ha transmitido”, afirmó respecto a la Instrucción número 7 del plan. En ese sentido, ante los grupos de la oposición que solicitaban la depuración de responsabilidades, Loizaga se erigió como “el primer y último responsable” del documento interno, con sello y firma. Sin embargo, expuso que después de que el Ministerio Fiscal haya tenido conocimiento del error, la responsabilidad judicial “se lleva por otro lado”.

A pesar de las explicaciones, Izaskun Guarrotxena, concejal de EH Bildu, expuso que se trata de un error “grave” por lo que solicitó que “la persona que lo ha cometido dimita”. Asimismo, expuso que la falta es aún más severa ahora que desde el cuerpo de Policía Local se defiende el modelo de agentes de proximidad. En la misma línea, Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, alegó que la explicación aportada “no hay quien se la crea” y que “lo que se ha redactado, criminaliza”. La edil añadió que “estamos en los preliminares de lo que ocurrió con Maroto en Gasteiz: la estigmatización de ciertos colectivos”.

Más vehemente fue Samir Lahdou, portavoz de Goazen Bilbao, en su desacuerdo ante la actuación policial. El concejal bilbaino reveló haber sido objeto de registros aleatorios en el pasado, basados en su ascendencia magrebí y a pesar de haber nacido en la villa. Por ello, consideró que la mención explícita de un colectivo “no es admisible ni en un borrador”. En ese sentido, consideró que deberían existir programas de sensibilización para la Policía Municipal. Además, aseguró que “la delincuencia siempre ha existido y la ejecuta el que menos tiene y está en una bolsa de pobreza; no por su origen, sino por su situación”.

Una postura sustancialmente diferente fue la mostrada por Óscar Fernández Monroy, edil del PP, quien consideró que la Guardia Urbana de la villa “ha asumido unos errores”. De hecho, el concejal aseveró que la instrucción “pone de manifiesto la preocupación de un aumento de delitos de un perfil delincuencial concreto”. Así, indicó que su partido “no va a poner cortapisas” a la Policía Municipal.