Si las ayudas para los dependientes monopolizan buena parte del presupuesto de Políticas Sociales de la Diputación, la Renta de Garantía de Ingreso (RGI), es la prestación que más recursos requiere al Gobierno Vasco. Y las cifras actuales no hablan de descenso en Gipuzkoa en la cifra de beneficiarios de la principal ayuda social contra la pobreza que existe Euskadi, a pesar de la aparente mejora de la economía que se refleja en los datos de paro.

Según los datos del Servicio vasco de Empleo Lanbide, en noviembre de este año 15.068 guipuzcoanos cobraban la RGI, lo que supone un ligero repunte sobre los datos de octubre, que en la práctica cronifica la cifra de los 15.000 beneficiarios que se arrastra durante todo el año y que cobran una mensualidad de entre 625,58 y 959,70 euros, dependiendo de la unidad convivencial.

Lo preocupante de que se mantenga esta cifra es que lo hace en un momento en el que los datos de parados descienden. De octubre a noviembre se registraron mil desempleados menos en Gipuzkoa. La precariedad laboral actual provoca que haya personas que cuentan con un empleo y que a la vez son perceptores de la RGI para completar sus ingresos (en torno al 20%).

En todo Euskadi, en cambio, se acumula ya medio año de descenso de perceptores

De los 15.068 beneficiarios en Gipuzkoa, 4.231 son pensionistas
De los 15.068 beneficiarios de la RGI en noviembre, los datos de Lanbide señalan que 4.106 son pensionistas que cobran esta prestación como complemento de su pensión, mientras que 4.231 son personas de origen extranjero. Además, hasta 7.253 beneficiarios cobran junto a la RGI la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) 250 euros mensuales con el objeto de ayudar al pago del alquiler del hogar que habitan.

En el conjunto de Euskadi, la cifra de perceptores de la RGI experimentó en noviembre un nuevo descenso, con lo que se acumula ya medio año de bajada desde que en marzo se llegara a los 65.657 beneficiarios.

En noviembre, la cifra ascendió a 63.983, según los datos del Servicio Vasco de Empleo. De todos ellos, 29.539 cobran además la PCV para ayudar al pago del alquiler.

Con este panorama, la legislatura anterior en Euskadi se cerró con una reforma pendiente de la RGI, que sugería entre otros asuntos sacar de la gestión de Lanbide la prestación para los pensionistas y de personas en exclusión, para centrarse en aquellos colectivos más empleables.