El número de beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) continúa en descenso, aunque a un ritmo moderado, al calor de la recuperación económica y la mejora del empleo en Euskadi. En noviembre retrocedió por sexto mes consecutivo al situarse en 63.983, según los datos oficiales de Lanbide.

Los perceptores de la ayuda social destinada a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos se vieron reducidos en 298 respecto a octubre. Ahora se encuentran en su nivel más bajo desde febrero de 2014. En los dos años y nueve meses transcurridos desde entonces, el País Vasco cuenta con apenas 300 personas menos que cobran la RGI, mientras la cifra de desempleados es inferior en 37.000 a la que se registraba en aquellas fechas.

El descenso acumulado en lo que va de ejercicio es de 743 personas. Con el incesante goteo a la baja de los últimos meses, el número de beneficiarios se aleja del récord histórico que alcanzó en mayo de 2015, cuando se elevó a 66.373 residentes en Euskadi. Bizkaia es el territorio que cuenta con el colectivo más numeroso (39.287), muy por delante de Gipuzkoa (15.068) y Álava (9.628).

Dos de cada tres perceptores de la RGI (40.931) son de nacionalidad española. Predominan las personas con edades comprendidas entre 35 y 45 años (en total, 17.760) y los mayores de 65. En este último caso abundan se trata, en la mayoría de los casos, de pensionistas que cobran una prestación de una cuantía muy escasa, que es complementada por el Gobierno vasco hasta el nivel de ingresos que garantiza la ley que regula la RGI en función de la estructura de la unidad familiar.

La ayuda social fue cobrada en noviembre por 23.064 extranjeros, el 36,03% del total de los perceptores. Los más numerosos son los procedentes de América del Sur (8.101), seguidos de los países del Magreb (6.288) y el África subsahariana (4.698). La mayor proporción de inmigrantes se da en Álava representan casi la mitad: 4.728 personas de las 9.628 que reciben la RGI, con la peculiaridad respecto al resto de Euskadi de que entre ellos sobresalen los magrebíes.

La normativa en la que se basa esta prestación, la más avanzada de cuantas están en vigor en toda España, asegura unos ingresos mínimos entre 625 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar para los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía, el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta prestación es compatible con la complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.

El Gobierno vasco ha estimado un gasto de 461 millones de euros para atender este año la RGI y la prestación complementaria de vivienda. Esas partidas deberán aumentar en la cuantía que sea necesaria para atender la demanda de esas ayudas, ya que, si se reúnen las condiciones fijadas por la normativa vigente, su percepción está garantizado por la ley al margen de que la partida económica destinada a este fin se haya agotado o no.