TEXTO: ERENA CALVO FOTOGRAFÍA: DESIRÈÉ MARTÍN

LAS PALMAS. El clima generado en Gran Canaria en torno a la política de menores inmigrantes es insostenible. Todos los representantes políticos del Archipiélago coinciden en este punto. Tampoco hay discrepancias a la hora de señalar que la isla se enfrenta a un problema humanitario y que lo esencial es prestar una atención digna a los chicos. Al menos, este es el discurso de todas las formaciones.

Sin embargo, la polémica sobre la competencia de los menores mantiene enfrentados a Cabildo de Gran Canaria y Ejecutivo regional, enrocados en sus respectivas posiciones. Como señalaba a ABC el viceconsejero de Asuntos Sociales del Ejecutivo regional, Froilán Rodríguez, las corporaciones insulares son responsables de la tutela, guarda, custodia y atención de los chicos; mientras que es responsabilidad del Ejecutivo el control y supervisión de los mismos.

Para el Cabildo de Gran Canaria, es la Comunidad quien debe solucionar el problema, y derivar a los chicos a otras islas, ante el hacinamiento que se vive en Gran Canaria.

No le falta razón a quien señala que la isla está desbordada: más de 140 menores extranjeros residen en la actualidad en Gran Canaria (cuando su cupo es de 84). Además, 65 de ellos duermen en un polideportivo municipal cedido al Cabildo de Gran Canaria por el Ayuntamiento capitalino, ambos del Partido Popular.

Dormitorios improvisados

Fueron trasladados al gimnasio después de que se produjese un incendio en el Centro de Atención Inmediata (CAI) donde residían. Un centro con una capacidad para veinte chicos, pero que en esos momentos soportaba a más de setenta. La Fiscalía del Menor decidió entonces cerrar el centro urgentemente. Fue el fin de semana pasado. Desde entonces, los chicos continúan durmiendo en colchonetas tendidas en el suelo en las instalaciones deportivas. Cuando llega la mañana, se recogen estos dormitorios improvisados para que el polideportivo recupere su actividad diaria.

A pesar de que la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, María de la Salud Gil, aseguraba a este periódico que los menores se encuentran en «perfectas condiciones» y que se han «optimizado las medidas referentes a educación, sanidad e higiene», desde Coalición Canaria se denuncia que los chicos «no están alojados ni con un mínimo de dignidad».

«Los tienen como perros», valoró ayer Rosario Chesa, consejera de CC en el Cabildo grancanario. Algo que, a su juicio, se ha permitido desde el Ayuntamiento capitalino. «Si yo fuera la alcaldesa de esta ciudad no habría permitido nunca algo así», dijo la consejera en referencia a la popular Josefa Luzardo.

En este sentido, Froilán Rodríguez señalaba que han llegado a esta situación para instrumentalizar a los menores y convertirlos en un «arma arrojadiza». «No pueden utilizar a los chicos como moneda de cambio», es «irresponsable» que se conviertan en «una medida de presión política».

Lo más sangrante, apuntaba el presidente del Gobierno canario este viernes, es que se estén produciendo brotes xenófobos en la isla a cuenta de la problemática de los menores. Adán Martín se refería al incendio del Aula de la Naturaleza de Tunte, el centro que el Ejecutivo regional estaba dispuesto a ceder provisionalmente para los chicos, después de que se ordenase el cierre del de Tafira.

Este hogar, en San Bartolomé de Tirajana, fue incendiado el jueves por la noche. Pocas horas antes del traslado, que estaba previsto el viernes. Según los últimos datos de la policía científica, las llamas podrían haber sido provocadas.

El incendio, según la consejera de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, dejó «inutilizable» el centro, que «había sido totalmente reformado».

Responsables

CC no ha dudado en culpar del «brote xenófobo» a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, la socialista Concepción Narváez, y al presidente del Comité Local de Nueva Canarias en el municipio, José Juan Santana, «que se han dedicado a hacer declaraciones incendiarias durante esta semana». Acciones que podrían haber derivado en la oposición de los vecinos a la instalación de los menores en Tunte. «A pesar de que era provisionalmente».

Ahora el Gobierno asegura que no dispone de más centros. Y el Cabildo hasta ayer mismo también apuntaba lo mismo. Sin embargo, el presidente de la Corporación insular y de los populares canarios, José Manuel Soria, afirmó ayer que María de la Salud Gil, ha remitido a la Fiscalía una relación de los centros disponibles para que fije la situación de los mismos y determine cual es el adecuado para albergar a los menores.

Traslado a otras islas

Eso sí, el Ejecutivo regional se ha comprometido a aliviar la situación de Gran Canaria trasladando a algunos menores a otras islas. Para ello, sin embargo, primero deben cumplirse unos requisitos: pasar una inspección sanitaria, una prueba ósea para determinar su edad, documentarlos para que sean escolarizados, e integrarlos idiomáticamente. Requisitos que según CC no se están cumpliendo. Afirmación que Salud Gil negaba rotundamente: «en estos chicos nos gastamos más de nueve mil euros al día, en total, cómo no vamos a cumplir con nuestras obligaciones».

No obstante, la solución ahora pasa por habilitar un centro, y dar cumplimiento a los protocolos médicos. Una vez superado este trámite, podrían ser derivados algunos menores a otras islas, aunque el resto del Archipiélago, según el viceconsejero de Asuntos Sociales, también está «casi al borde sus posibilidades».

Incluso, decía ayer Chesa, podrán trasladarse más chicos a los Centros de Atención de Menores Extranjeros (CAME) de la isla, «donde hay plazas libres». Plazas «inutilizadas» porque al no darse los requisitos antes citados no podían abandonar el CAI.

«Faltan recursos»

No obstante, Froilán Rodríguez reconoce que «faltan recursos para inmigración». «Con los adultos no hay tanto problema, es el Estado quien se ocupa. Repatrian a todos los que pueden, y otros se reparten entre las Autonomías». Con los menores no sucede lo mismo, «son responsabilidad de la Comunidad». Sin embargo, el Ejecutivo regional espera reunirse en Madrid con los responsables de Asuntos Sociales, para que se arbitre alguna medida de solidaridad, «como se ha hecho con Andalucía».

Para el PP, en cambio, la única solución viable frente al problema es ponérselo difícil a las mafias y que sepan que se pueden repatriar a los menores a sus países de origen. De lo contrario, señalaba ayer José Manuel Soria, el número de menores inmigrantes que se embarcan en pateras puede ir aumentando indefinidamente.