Kelechukwu Collins abandonó ayer el Juzgado de Guardia de Donostia. Lo hizo poco antes de las dos de la tarde. Nadie le aguardaba a las puertas de la sede judicial. Dejaba atrás veinticuatro horas de privación de libertad, después de que la víspera se negara a abandonar la vivienda de la que había sido desahuciado en Errenteria y amenazara con hacer estallar una bombona de gas. «Yo no quería hacer daño a nadie. Solo pretendía denunciar lo que para mí era una injusticia», dijo minutos después de recuperar la libertad.

Kelechukwu Collins fue conducido ayer por la mañana a las dependencias del Juzgado de Guardia de San Sebastián, después de pasar la noche en los calabozos de la comisaría de la Ertzaintza de Errenteria, adonde fue trasladado tras su detención, la tarde del martes.
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El acusado prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia. Asistido por una letrada del Turno de Oficio de Colegio de Abogados de Gipuzkoa y en presencia también del fiscal Javier Zaragoza, Kelechukwu detalló los motivos que le llevaron a actuar de la forma en que lo hizo.
El Ayuntamiento de Errenteria afirma que «le hemos ayudado hasta donde nos ha permitido»

El acusado asegura que «ningún abogado me representó en el juicio por el desahucio»

Tras escuchar su declaración, tanto el representante del ministerio público como su defensa solicitaron la puesta en libertad. Ante el consenso entre las partes, al magistrado no le quedó otra opción que la de ordenar supuesta en libertad, aunque con las imputaciones de desobediencia y «posibles estragos».

A la salida del Palacio de Justicia, Kelechukwu Collins explicó que jamás tuvo intención de causar mal alguno a sus vecinos de la calle Parque. «Lo único que hice fue resistirme a abrir la puerta. Todos pudieron verlo. No pretendía hacer daño a nadie. Solo quería que la gente supiera que en mi caso se ha producido una injusticia», manifestó.

Collins explicó que «a la primera persona a la que se lo comuniqué fue al alcalde de Errenteria. Le dije que mi vida y mi futuro estaban en peligro. No le importó, me dijo que no se metía en esas cosas».

Fuentes del consistorio errenteriarra rechazaron, sin embargo, esta acusación. Confirmaron que el ciudadano nigeriano era usuario de los Servicios Sociales municipales. «Le hemos prestado la ayuda hasta donde él nos lo ha permitido. No es cierto que nos hayamos despreocupado. Ha venido en ocasiones acompañado de su abogado y ha sido atendido tanto por las trabajadoras sociales como por la directora. También ha estado conmigo y con el alcalde, Julen Mendzoa», señaló ayer Nagore Basurto, concejal de Servicios Sociales por Errenteria Irabaziz. «Por sus circunstancias personales, no se deja ayudar todo lo que se puede», concluyó la edil.

Kelechukwu Collins asegura que con su protesta pretendía «demostrar que no estaba de acuerdo con la orden de desahucio ni tampoco con el juicio que se llevó a cabo. Entonces se cometió una injusticia porque no hubo ningún abogado para representarme ni para defender mi posicionamiento», afirmó.

Collins había sido obligado a abandonar la vivienda en la que residía, en el quinto piso del número 12 de la calle Parque, en el barrio errenteriarra de Galtzaraborda. Llevaba algo más de año y medio en el piso, si bien fuentes consultadas señalan que no había satisfecho las ocho últimas mensualidades.

El ciudadano nigeriano afirmó que cuando entró a vivir en el inmueble lo hizo junto a su entonces pareja, «que es la responsable en buena medida de todo lo que me está pasando ahora», dice.

Kelechukwu Collins, de 43 años, afirmó durante su declaración judicial de ayer que había solicitado la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y explicó asimismo que se esfuerza por integrarse en el país. «Ahora mismo he de marcharme porque dentro de unas horas tengo un examen para obtener la titulación de soldador. No puedo dejarlo pasar, es una oportunidad para poder encontrar trabajo», señaló.

El encierro de Kelechukwu Collins en el piso se prolongó durante cinco horas. El inquilino se negó a permitir el acceso a la comisión judicial que debía ejecutar el desahucio. En los instantes posteriores salió en repetidas ocasiones al balcón, desde donde amenazó con hacer explotar una bombona de camping gas. Los intentos fallidos de dos negociadores para que se entregara obligó a la Unidad de Intervención de la Ertzaintza a poner fin a aquella situación por la fuerza.