El Gobierno regional aprobó ayer el Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que establece hasta 45.000 euros de multa por comportamientos homófobos o xenófobos.

Concretamente, fija sanciones leves, como insultar a través de las redes sociales, que se tipifica en su nivel más leve con una multa de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros. La gravedad depende de «los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia», según señala la Comunidad de Madrid.

No serán las policías locales las encargadas de levantar las actas, sino la propia Administración y para poder hacerlo es necesario que haya una denuncia formal. La única salvedad se refiere a las cuestiones consideradas muy graves, según aclaró un portavoz regional, y siempre que haya dudas sobre si puede haberse cometido algún ilícito penal.

El Gobierno regional quiere regular todos los actos tipificados anteriormente como faltas y que el nuevo código penal deja fuera. Un portavoz regional aclaró que «sólo podrá sancionarse los insultos y ofensas que se produzcan en la región». Es decir, que si realizan desde provincias vecinas no será sancionado.

«La ley es de aplicación, dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid a las personas físicas y jurídicas, ya sean públicas o privadas, que se encuentren o actúen en su territorio, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, en los términos y con el alcance que se contemplan en la ley, salvo lo que se disponga en la normativa en materia de extranjería o en los tratados internacionales y en las demás que resulte de aplicación», sostiene el proyecto en su artículo 3.

El texto salió a información pública hace un mes y ayer fue aprobado por el Ejecutivo autonómico para remitirlo a la Asamblea de Madrid. «Es una norma que tiene un carácter integral que trata de corregir conductas que pueden promover al odio», dijo Cristina Cifuentes. «El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia», concretó para pasar a precisar que «presta una especial atención a acciones que se hacen a través de la red».

La novedad que aparece es que la Comunidad se presentará como acusación particular en hechos que trascienden el ámbito administrativo y puedan rozar la conducta penal. Además, se pondrá en marcha un Observatorio para la Igualdad de Trato y se creará un protocolo de atención a las víctimas.

La presidenta de la Comunidad se mostró contrariada por la decisión del PSOE de presentar en la Cámara autonómica un texto alternativo. «No tiene sentido. Es mucho más lógico que si el PSOE quiere una ley contra los delitos de odio mejore el texto del Gobierno a través de enmiendas, sobre todo, por la similitud de textos», ha dicho. «Habría que tratar de hacer políticas constructivas. No es una carrera. El PSOE siempre va un paso por detrás de Podemos, del Gobierno», le reprochó. Cifuentes, aseguró que muchos aspectos de la propuesta socialista es similar a la del Ejecutivo autonómico

El portavoz del grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguraba ayer por la mañana que la Proposición de Ley de Igualdad de Trato y Protección Integral Contra las Conductas Relativas a los Delitos de Odio registrada por ellos no pretende «simplemente la persecución del que discrimina, sino generar una convicción de que discriminar es una forma de deteriorar las relaciones entre personas», informa Europa Press.

La propuesta socialista establece medidas para la sensibilización social contra la discriminación y propone, entre otras cosas, la creación de un servicio de orientación a las víctimas de discriminación y de delitos de odio, como lo hace el texto del Gobierno regional. El apartado sancionador también es muy similar. Así, regula las sanciones administrativas para los infractores, que abarcan desde los 200 y 3.000 euros por infracciones leves, hasta 45.000 euros por las muy graves. Contempla también la creación de un Observatorio y un protocolo de atención a las víctimas.