donostia – “Contradictorio”, “incoherente”, “irónico” o “llamativo” son algunos de los calificativos con los que los partidos políticos se refirieron ayer a la acción que el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, protagonizó el pasado sábado: acompañado de su esposa y sus dos hijas, comprando un CD pirata en el top manta en pleno Casco Viejo de Bilbao, tal y como informó este diario en exclusiva. Una escena quizás cotidiana, pese a las muchas implicaciones legales y sociales que conlleva, pero que en la figura de Urquijo choca especialmente por sus apelaciones constantes al cumplimiento de la legalidad y su actuación a golpe de recurso judicial, eso sí, siempre encaminados en una dirección muy concreta.

Pese a la justificación de Urquijo de que fue una cuestión de su “vida privada”, ya que estaba con su familia “y no actuando como delegado del Gobierno”, el miembro del EBB del PNV Koldo Mediavilla consideró que se trata de “un hecho relevante y significativo, que trasciende lo anecdótico por la identidad y el cargo de quien lo protagoniza”. A preguntas de este periódico, explicó que es “más grave desde un punto de vista político y ético que en un plano estrictamente legal o administrativo”, ya que la compra de un disco pirata en el top manta constituye una infracción menor, según la ordenanza vigente en Bilbao.

“Pero que sea el delegado del Gobierno español en Euskadi quien cometa esta infracción – agregó – , precisamente una autoridad que tiene como principal cometido cumplir y hacer cumplir la ley en Euskadi, eleva el asunto desde lo meramente administrativo hasta un ámbito político, ético y moral”. Una situación en la que su protagonista, “obviamente, no sale bien parado”. Dirigentes de Podemos Euskadi y de EH Bildu también censuraron la actuación del delegado del Gobierno español; no así el PSE y PP, que declinaron pronunciarse al respecto – fuentes de la formación popular aseguraron que este asunto “le corresponde a él y no vamos a hacer ninguna valoración” – .

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, incidió en la dimensión social de esta controversia y aseguró a este periódico que “ahora que ha decidido acercarse al colectivo del top manta y conocerlo mejor, esperamos que se dé cuenta de que criminalizar a estos vendedores no lleva a ningún lado, son el final de una cadena más grande que generalmente solo hace lo que hace por cuestiones de subsistencia”. Insistió en que “son el reflejo de un problema mayor que tiene que ver con las mafias y la integración de ciertos colectivos”.

Fue precisamente el PP el que impulsó una reforma del Código Penal en 2015 que convirtió en delito la venta ambulante de productos falsificados. El también portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco incidió por ello en la “contradicción” en que ha incurrido Urquijo, ya que pertenece a “un partido que es el principal criminalizador” de los inmigrantes . “Son ellos los que han aumentado las penas contra estas personas cuando el foco del problema no está ahí”, insistió. Además de las mafias y del respeto a la propiedad intelectual, Martínez aludió al “problema a la hora de integrar a colectivos de inmigrantes y de personas en exclusión que no son capaces de encontrar una manera de subsistir y acaban cayendo en este tipo de prácticas”.

“diferentes varas de medir” En cuanto a EH Bildu, su parlamentario Unai Urruzuno se refirió a la gestión llevada a cabo por Carlos Urquijo en sus cinco años de mandato, en los que ha presentado un millar de recursos contra instituciones vascas, y a la contradicción, de nuevo, que supone la escena que se produjo el sábado en Bilbao. “Esa misma acción en otro ciudadano la sitúo dentro de la normalidad absoluta, no creo que suscite demasiadas controversias. Pero lo que llama la atención es que se de en una persona, que a base de recursos y de denuncias, está intentando que la aplicación de la ley sea la más absoluta y rígida posible”, valoró.

Eso sí, esa forma de proceder se caracteriza, a juicio de Urruzuno, por la utilización de “diferentes varas de medir”. Según su parecer, el dirigente del PP “está bastante obsesionado con ciertos sectores en torno a la izquierda abertzale, ayuntamientos, que si hay banderas en los balcones, que si no las hay…”. Concluyó que Carlos Urquijo “ha entendido la figura del delegado del Gobierno con un carácter totalmente político de persecución hacia ciertos sectores”. Lander Martínez apostilló que el PP incrementó exponencialmente el IVA cultural al 21% “con muy mal criterio”, y abogó por lograr “un gran pacto de Estado en favor de la propiedad intelectual”.

El burukide del PNV Koldo Mediavilla incidió en que “resulta irónico que quien exhibe un empeño enfermizo a la hora de velar por que sean otros quienes cumplan la ley no se aplique a sí mismo, ni a su círculo más íntimo, esa misma ejemplaridad”, lo que calificó de “incoherencia, cinismo o doble moral”. Aseguró por ello que si Urquijo “se aplicase a sí mismo el rigor que en su desempeño diario impone y demanda al resto de ciudadanos, instituciones, partidos, asociaciones y colectivos vascos, hoy mismo – por ayer – tendría que haber salido públicamente a pedir disculpas”. También “a solicitar a la autoridad competente la apertura de un expediente por si de su acción se pudiese derivar la imposición de una sanción”.