ERENA CALVO

LAS PALMAS. Cuando parecía que la situación de los menores extranjeros no acompañados en la isla de Gran Canaria estaba en vías de solucionarse, un incendio en el Aula de la Naturaleza de Tunte – donde ayer mismo iban a ser reubicados 65 chicos – ha vuelto a complicar el problema que enfrenta a Gobierno regional y Cabildo de Gran Canaria. Las llamas, que según la consejera de Asuntos Sociales del Ejecutivo canario, Marisa Zamora, «podrían haber sido provocadas», obligaron a paralizar el traslado de los menores, que se encontraban instalados en un polideportivo de la capital grancanaria.

Se trata del segundo suceso de estas características en sólo dos semanas. Así, los menores que debían ser trasladados a Tunte fueron reubicados en el polideportivo después de que se produjera un conato en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de Tafira, cuyo cierre fue ordenado de inmediato por la Fiscalía de Menores.

Rehabilitado durante meses

El incendio de ayer, en el que tuvo que intervenir la Policía Científica para aclarar la existencia de hasta ocho focos, quemó «totalmente» el hogar de Tunte, en el sur de la isla, que había sido habilitado en los últimos meses «y perfectamente reformado» para el traslado de los menores, explicó la consejera. Respecto a las causas de las llamas, Zamora no señaló a nadie, aunque sí pidió «solidaridad» a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, ya que en los últimos días habían mostrado su rechazo a la rehabilitación del citado centro.

El origen de la polémica se encuentra en la saturación que soportaba el CAI de Tafira, con más de 80 menores cuando la capacidad es de veinte. El Cabildo de Gran Canaria hizo reiterados llamamientos al director general del Menor, José Luis Arregui, para que distribuyese entre el resto de islas a algunos de los menores, «ya que hemos superado con creces nuestro cupo», explicaba ayer a ABC la consejera de Política Social de la Corporación insular, María de la Salud Gil. La consejera grancanaria llegó a interponer una denuncia contra Arregui por «prevaricación por omisión», que posteriormente fue ampliada por «denegación de auxilio», por «seguir permitiendo que ingresasen más menores en un centro con una alta tasa de hacinamiento».

Para el Ejecutivo regional, sin embargo, el asunto difiere. En declaraciones a este periódico, el viceconsejero de Inmigración, Froilán Rodríguez, insistía ayer en que las competencias de la gestión de los centros corresponde a los cabildos, y recordaba que otras islas se han visto en innumerables ocasiones en la misma coyuntura, sobre todo en el caso de Lanzarote y Fuerteventura. El problema de Gran Canaria, según Rodríguez, es la falta de diálogo de los responsables del Cabildo, a quienes culpa de la situación que se ha generado.

Aun así, «el Gobierno ha tomado cartas en el asunto para que los menores puedan ser reubicados». Ahora, «se ha incendiado el último recurso de que disponía la Comunidad». «Hemos estado buscando alternativas toda la mañana, pero no tenemos más posibilidades». Para trasladarlos a otras islas, explicó el viceconsejero, primero hay que hacerles las pruebas médicas que «muchos no han pasado», y para eso tienen que estar en un centro. Su búsqueda, apuntó Froilán, es tarea del Cabildo.

Ante este planteamiento, Salud Gil respondió que «si una Comunidad autónoma carece de recursos, qué puede hacer al respecto una administración insular».

Ambos, sin embargo, se mostraron de acuerdo en la necesidad de que el Estado se implique en este problema. A tal efecto, desde la Consejería de Asuntos Sociales se ha comunicado al Ejecutivo de Zapatero la conveniencia de sentarse para abordar la situación y buscar soluciones que impliquen a otras comunidades.

«Los chicos están perfectamente»

La consejera de Política Social del Cabildo salió al paso de las críticas vertidas al traslado de los menores al gimnasio de Escaleritas y aseguró que los menores se encuentran perfectamente y en condiciones «muy dignas». «Tomamos las medidas oprtunas para que así fuera», afirmó. Además, negó que, tal y como se ha dicho desde el Ejecutivo regional, «haya plazas libres en casas de acogida de la isla o que algunos menores residan en el CAI desde 2002 ó 2003». De hecho, en cuanto «hemos tenido la posibilidad se ha trasladado a 25 de los 80 menores que fueron alojados en el gimnasio a un centro cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».

Ahora, el Ejecutivo debería trasladar a algunos menores a otras islas, insistió «preocupada» ante la posibilidad de que «arriben más chicos extranjeros en patera estos días». Máxime cuando, según las últimas informaciones, más de doce mil subsaharianos esperan su «oportunidad» en las costas de Mauritania para alcanzar el Archipiélago canario.