El Estado español es el segundo país europeo con mayor tasa de niños viviendo en hogares bajo el umbral de la pobreza, con un 29,6% (más de 2,4 millones), solo es superado por Rumanía y está lejos de la media europea del 21,1%, según un informe de Save the Children. En toda Europa, más de 25 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social. De nuevo un informe de esta ONG suena como una bofetada al Gobierno de Rajoy y como una señal de alarma ante un proceso doblemente preocupante porque pese a la recuperación económica de los últimos años “las tasas de pobreza infantil siguen siendo de las más altas de Europa”. Este diagnóstico se suma además a otros ya preocupantes que distintas instituciones habían realizado sobre otros dramas generacionales del Estado: la idea de una generación muy preparada condenada a la precariedad o a la emigración económica y la constancia ya que de los hijos e hijas de los actuales habitantes vivirán peor que sus padres y madres, algo que no había sucedido en la Península Ibérica desde los tiempos duros de la Guerra Civil. La pobreza se hereda y se perpetúa. Una familia con escasos ingresos que los dedica a lograr unos mínimos de subsistencia, además de pagar a largo plazo unos altos costes en materia de salud, ve como algo imposible invertir en algo clave como la formación de sus hijos e hijas, lo que les condenará, de nuevo, a no poder progresar en la escala social y replicar el proceso en la siguiente generación mientras la brecha social general se incrementa. Más allá de diferentes iniciativas altruistas y solidarias (recogidas de juguetes, comedores escolares improvisados…) para los menores, los que se requieren son apuestas políticas públicas estructurales e integrales para evitar este corte generacional. En este sentido, el Gobierno de Navarra – con unos datos de pobreza infantil inquietantes, pero lejos de la media estatal – ha dejado claras ya sus apuestas estratégicas en esta materia con diferentes concreciones como el apoyo a las familias con hijos e hijas en la redistribución interna de los recursos para la nueva Renta Garantizada y otras medidas en el ámbito educativo o fiscal. Por mucho que desde UPN se arengue, con grandes banderas de fondo, sobre “obsesiones identitarias”, los hechos y cuentas demuestran que una de las prioridades del Gobierno y las fuerzas del cambio son las personas y sus condiciones de vida.