La condición de presidente – electo no ha alterado la afición de Donald Trump por el discurso incendiario, las teorías conspirativas y la mentira sistemática. Un día lanza en la red social Twitter, sin presentar pruebas, el bulo de que millones de personas votaron ilegalmente en su contra en las elecciones del 8 de noviembre. Y otro sugiere que las personas que quemen la bandera de Estados Unidos queden despojadas de la nacionalidad estadounidense y sean condenados a penas de cárcel.

La sucesión de mensajes incoherentes monopoliza la agenda informativa. Alimenta el reality show en el que se ha convertido el proceso de transición entre los presidentes Barack Obama y Donald Trump. Y oscurece otros asuntos de gravedad como los conflictos de intereses entre su imperio empresarial y su función presidencial.

El último fogonazo en Twitter lo lanzó el martes a las 6.55, hora local. “A nadie debería permitírsele quemar la bandera americana – si lo hacen, debe haber consecuencias – quizá la pérdida de la ciudadanía y un año de prisión”, escribió el presidente – electo con su particular puntuación.

El mensaje puede ser, según The Washington Post, una reacción en un episodio reciente en Hampshire College, una universidad en el oeste de Massachussetts. Tras la victoria de Trump en las elecciones, alguien quemó allí la bandera de las barras y estrellas en señal de protesta, según el ‘Post’. Las autoridades universitarias decidieron entonces retirar todas las banderas. Esto dio pie a una protesta de un centenar de personas el pasado domingo.

El debate no terminó. En 2005 el Congreso propuso una ley para criminalizar la quema de la bandera. La impulsó, entre otros, la entonces senadora Hillary Clinton, rival demócrata del republicano Trump el 8 de noviembre. La ley no se aprobó.

La Primera Enmienda, además de proteger la quema de la bandera, también proteger los discurso de odio de los grupos de la extrema derecha racista que apoyan a Trump.

Tampoco Trump es un rey. Su capacidad para cumplir las amenazas es limitada. No puede cambiar la ley: debe hacerlo el Congreso. Ni decidir sobre su constitucionalidad: le corresponde al Tribunal Supremo. Y no tiene capacidad ni para imponer penas de prisión ni para quitar la ciudadanía a nadie. Sí para usar el cargo como un púlpito privilegiado: el presidente de EE UU, como el Papa de Roma, no sólo gobierna firmando leyes y decretos sino también por medio de la palabra. En otras épocas el púlpito eran las ruedas de prensa, o los discursos solemnes. Hoy es Twitter.