ISABEL F. LANTIGUA MADRID
«Sobre la una de la tarde llegó la
Cruz Roja, pero yo había perdido
muchísima sangre. Veía mi propio
nervio, gritaba a la Guardia Civil
que estaba herido y les enseñaba
mi brazo envuelto en un torniquete
con mi camiseta, pero nadie me hacía
caso». Así relata Muhamed, de
Guinea Conakri, las siete horas que
pasó encaramado en la segunda valla
de Ceuta, con una herida en la
muñeca provocada por la concertina.
Este joven de 20 años fue una
de las cuatro únicas personas que
consiguieron entrar en la ciudad
autónoma tras el salto del pasado 9
de septiembre, en el que al menos
240 migrantes lo intentaron y unos
67 fueron devueltos mediante las
«expulsiones en caliente».
Tanto el testimonio como la denuncia
de estas expulsiones, que no
ofrecen ninguna garantía jurídica,
aparecen en el último informe de
Amnistía Internacional (AI), que señala
cómo Ceuta y Melilla se han
convertido en territorios sin derechos
para migrantes y refugiados.
Muhamed vio morir a algunos de
sus amigos en el desierto durante
su viaje a Ceuta. En Argelia y Marruecos
sufrió malos tratos por parte
de las fuerzas de seguridad y presenció
cómo los agentes golpeaban
sin miramiento a sus compañeros
hasta dejarlos malheridos. Él, tras
aguantar aún no sabe cómo en la
valla y, pese al dolor del brazo, consiguió
pasar al otro lado. Fue operado,
pero perdió movilidad en la mano
y el dedo pulgar. Ahora cuenta
que piensa solicitar asilo, aunque
no desde Ceuta, sino cuando alcance
la península. El mismo comportamiento
que adoptan otros muchos
inmigrantes en su situación,
que prefieren pasar de forma irregular
a otras ciudades de España
antes que pedir asilo, porque como
reconoce a EL MUNDO Virginia
Álvarez, investigadora de Amnistía,
«existe discriminación por nacionalidad.
Quienes no son sirios, se quedan
estancados en la excepcionalidad
de Ceuta y Melilla y temen que
la solicitud de asilo alargue su estancia
en el CETI (Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes)».
Pero la discriminación por razón
de nacionalidad no es la única vulneración
detectada por este organismo,
tras cuatro visitas en los últimos
dos años a los CETI de Ceuta y
Melilla. Además del cierre de fronteras
para los refugiados que no
son sirios, Álvarez cita otros siete
abusos de los derechos humanos:
«las expulsiones en caliente; la violencia
policial; la falta de condiciones
adecuadas en los centros; la falta
de atención a grupos vulnerables
(víctimas de trata, de violencia de
género o colectivos LGTBI ); la falta
de información a los extranjeros
que llegan; un sistema arbitrario de
sanciones en los centros y restricciones
a la libertad de circulación
para los solicitantes de asilo».
«Nos hemos encontrado con muchas
personas vulnerables que no
deberían estar en las condiciones
que tienen en el CETI. Es el caso
del argelino Redonan, que sufre
una triplejia que le obliga a ir en silla
de ruedas y vive prácticamente
en la enfermería. O el de Marian
(nombre falso) que lleva un año en
el CETI de Melilla con su hija de
tres años, sufrió agresiones continuas
por parte de su marido y no se
atreve a salir, porque él, al que expulsaron
del centro, la amenazaba
aún más desde fuera».
«Falta voluntad política para
cambiar», denuncia Álvarez. «Lo
único que pedimos al nuevo ministro
es que cumpla con los estándares
internacionales de legalidad y
derechos humanos. No puede ser
que Ceuta y Melilla sean un limbo
al margen de la Ley», afirma.