En un escrito, el Fiscal de Extranjería de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, acuerda el archivo de la investigación que abrió el 2 de noviembre pasado a raíz de las quejas de los internos sobre la actuación policial, al concluir que los antidisturbios de la Policía Nacional no intervinieron directamente sobre los extranjeros “ni se ha constatado empleo de fuerza, extralimitación o desproporción en la actuación de los funcionarios policiales”.

El fiscal sostiene, por el contrario, que la actuación de algunos de los alrededor 80 argelinos que protagonizaron el intento de fuga y posterior motín sí que podrían ser constitutivas de infracción penal. Así, indica que se han detectado “actitudes violentas y de acometimiento entre los propios internos y hacia los funcionarios policiales, así daños intencionados al mobiliario y equipamiento del centro”, si bien recuerda que estas eventuales responsabilidades ya las investiga el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona.

El ministerio público remarca que la decisión del director del CIE de pedir refuerzos a los antidisturbios estaba justificada ya que “el número de internos que participaban en los altercados era muy elevado, hubo comportamientos violentos con rotura de objetos y mobiliario, se produjeron acometimientos contra funcionarios policiales, se dio inicio a un intento de fuga y algunos de los internos estaban provistos de objetos peligrosos”.

Según el fiscal, la intervención de los antidisturbios consistió en “hacer acto de presencia y conminar a los internos a deponer su actitud”  sin que por parte de estas unidades se llegase a interactuar físicamente con los internos.