La ‘Plataforma de afectados por la delincuencia en Ollerías’ ha denunciado que dos miembros del denominado clan de ‘Los Pichis’, un adulto y un menor, han regresado al barrio, donde residen de nuevo «aun estando en busca y captura». En un comunicado, la plataforma vecinal ha asegurado que las dos personas viven ahora «en el piso que abandonaron la familia del clan que se fue a vivir a Abetxuko».

Además, ha expresado su preocupación por «su presencia en el barrio», que «vuelve a estar en tensión con la convicción de que algo va a pasar». La plataforma ha advertido de que «si algún vecino es atacado física o verbalmente» hará «responsable directamente a las instituciones, por no terminar de atajar esta situación».

Por otra parte, el conflictivo clan ha solicitado un piso en Bizkaia a través de Etxebide, según ha podido saber este periódico. De hecho, al menos uno de sus miembros lleva meses registrado en el servicio público vasco de vivienda. Su demanda es idéntica a la realizada en Vitoria, donde también han reclamado un piso al Gabinete Urtaran.

En octubre, cuando ya llevaban dos meses en el número 54 de la calle El Cristo de Vitoria, este organismo dependiente del Gobierno vasco les solicitó un último documento para poder tramitar su solicitud oficial. Otro tema es que, al haber abandonado su vivienda habitual en Atxuri para ocupar una casa en Abetxuko, hayan recibido la correspondiente notificación. Aún así, en ninguna de sus intervenciones públicas –en las que primero exigieron un piso en Vitoria y luego una vivienda social–, nadie de esta familia ‘okupa’ ha hecho referencia a esta vía abierta en Bizkaia.

Y también han tirado por lo bajo respecto a sus emolumentos mensuales. La semana pasada, Fede García, líder de SOS Racismo Araba, y Luis Carmona, vecino de Abetxuko que les apoya, anunciaron que el patriarca, Pedro Mari Manzanares, percibe «300 euros» mensuales por una pensión de invalidez. «Cantidad complementada con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) recibida por su esposa», añadieron durante su posado ante la prensa en la casa que asaltaron en Vitoria.

Fuentes de la plantilla del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Bilbao ponen en cuarentena esos números. Dicen que, en realidad, la pensión alcanza los «428,14 euros» cada mes. Mientras que la RGI de la mujer asciende a «633,62 euros». Es decir, 1.061,74 euros mensuales. «A ello hay que sumar que suelen solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES) cada año», atajan medios consultados. El 11 de julio –un mes antes de aparecer en Abetxuko– tuvieron cita en el Ayuntamiento de la capital vizcaína para aspirar a cobrar alguna cantidad mediante esta prestación social.

Todo indica que en los próximos días, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria dictará su desalojo de Abetxuko. Pero como el auto judicial no termina de materializarse, la asociación vecinal Uribe Nogales tiene previsto dar voz hoy a la propietaria legal, Arantxa. Es una mujer de avanzada edad, enferma y que se ha visto obligada a vivir en una residencia de ancianos.

¿Al Casco Viejo?

Los siete ‘Pichis’ que en la actualidad residen en Abetxuko «planean instalarse en el Casco Viejo de Vitoria cuando se materialice el lanzamiento judicial», insisten fuentes de la Ertzaintza y de la Policía Local. En concreto, sus informes les sitúan en el número 25 de la calle Santo Domingo. «Ya han llegado a un acuerdo con un okupa que hay allí. Les ‘cederá’ el piso. Mucho nos tememos que van a convertir ese tramo en un gueto porque a unos metros viven sus familiares, los ’bartolos’», alertan.