Solo el 28% de los inmigrantes que ingresan en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona son expulsados de España, según la memoria del 2015 del fiscal delegado de extranjería Fernando Rodríguez Rey. Esta cifra ha disminuido respecto al año anterior, cuando las autoridades expulsaron al 45% de los internos. Es decir, la mayoría de las personas que entran en el centro salen en libertad.

El fiscal destaca en la memoria el “escaso porcentaje de expulsiones efectivamente realizadas” sobre el total de ingresos registrados el año pasado. De los 738 internos que pasaron por el CIE, 205 fueron expulsados, otros 482 quedaron en libertad y 115 fueron encarcelados o llevados a otros centros.

LA REFORMA DEL RECINTO

El segundo motivo que relata el fiscal en su memoria es que el cierre del CIE de la Zona Franca por las reformas llevadas a cabo a finales del 2015 provocó el traslado o puesta en libertad de “un abultado número de internos”.

Y la tercera razón que enumera es “la avalancha” de peticiones de asilo que se produjeron en el 2015. Ese año, los internos del CIE de Barcelona presentaron 376 solicitudes (27 aceptadas a trámite), cuando el año anterior las peticiones fueron 91. La comparativa es aún más relevante si se tiene en cuenta que en el 2014 el número de internos fue superior.

El fiscal explica que el derecho de asilo constituye “una garantía irrenunciable y prioritaria”, pero también pone de relieve “una cierta utilización de ese derecho como forma de obstaculizar las expulsiones”. Fuentes policiales han confirmado que hay internos que presentan la solicitud, en la que no se expone ni el motivo, cuando están a punto de ser sacados del país y, de esta manera, logran retrasar su expulsión.

Más control en el aeropueto para detectar a las víctimas de trata de seres humanos
Una parte de la memoria del fiscal Rodríguez Rey versa sobre la protección de las víctimas de trata de seres humanos. En este apartado, expone que se debería intensificar aún más el control en el aeropuerto de Barcelona, dado el “escaso número de identificaciones” de víctimas que se registró el año pasado. Y ello, añade, pese a “la certeza” de que por dicho aeropuerto y puesto fronterizo transitan numerosas mujeres de África central y Sudamérica que podrían ser víctimas de este tipo de delitos. A su entender, debería “estrecharse” aún más la colaboración de los cuerpos policiales y las oenegé especializadas. Existe la figura del “interlocutor social”, cuya función es coordinar a la policía y a estas entidades.
Rodríguez Rey detalla en la memoria que hay tres circunstancias que explican que la mayoría de los internos queden en libertad. Una de ellas es el elevado número de inmigrantes procedentes de pateras y del centro de internamiento de Melilla cuya documentación y expulsión es “extremadamente compleja”. En este sentido, el fiscal ha asegurado este martes que estas dificultades radican en que muchos de estos extranjeros están indocumentados, se desconoce su nacionalidad o los consulados de su país no los aceptan.