Las máximas autoridades de las tres mayores ciudades de Estados Unidos –Nueva York, Los Ángeles, y Chicago– han declarado que no van a poner en práctica los planes del presidente electo, Donald Trump, de llevar a cabo redadas masivas de inmigrantes indocumentados para expulsarlos del país.

La reacción de los alcaldes, que también incluye urbes como Filadelfia, Seattle, Minneapolis, y Providence, pone de manifiesto la división en EEUU, donde los republicanos de Donald Trump ganan sistemáticamente en las zonas rurales, mientras que las grandes ciudades son territorio demócrata. En total, unos 300 núcleos urbanos de Estados Unidos, son lo que se conocen como ciudades santuario, es decir, territorios en los que las autoridades locales no destinan recursos económicos ni humanos a perseguir la inmigración ilegal. Todas las grandes ciudades de EEUU son demócratas, mientras que las zonas rurales son republicanas.

Aunque varía en cada caso, en una ciudad santuario las fuerzas del orden, como mínimo, no pueden preguntar a nadie por su estatus inmigratorio si no tienen «una sospecha razonable» de que esa persona haya cometido un delito o haya sido expulsada del país y haya regresado. En esos casos, la aplicación de las normas de inmigración del Gobierno federal queda para las autoridades que dependen directamente de Washington o del estado en cuestión.

En un país tremendamente descentralizado como EEUU, esa situación es el escenario perfecto para una serie interminable de conflictos jurisdiccionales y legales. Por poner un ejemplo, la legalización de la marihuana a escala local, primero, y estatal, después, provocó infinitos incidentes en California durante la Presidencia de George W. Bush. Ahora, transfórmese eso en el arresto de dos o tres millones de sin papeles que exigirá redadas masivas en barriadas enteras, romperá familias y creará todo tipo de alteraciones del orden público.

La disputa tiene un componente casi hasta de choque de personalidades. Los alcaldes, sheriffs, y jefes de policía tienen en EEUU un poder inmenso, y reciben una exposición mediática mucho mayor que en España. De hecho, si hay un político en EEUU que pueda competir con Trump a la hora de crear división y actuar con arrogancia es el alcalde de la tercera mayor ciudad del país, Chicago, Rahm Emanuel. Y ha sido Emanuel quien, precisamente, ha encabezado la resistencia a los planes de Trump. «Estáis a salvo en Chicago, estáis seguros en Chicago, y tenéis el apoyo de Chicago», dijo Emanuel el lunes, en un acto cuidadosamente coreografiado, rodeado de activistas pro inmigración, congresistas, y representantes de minorías étnicas.

Emanuel no está solo. El alcalde de Seattle, Ed Murray, fue el primero en rebelarse. Lo hizo el día siguiente a la victoria de Trump, en un discurso en el que calificó a los inmigrantes con o sin papeles de «nuestros vecinos», y declaró que «lo único que un estadounidense puede hacer» es no cumplir las órdenes de Trump. El jueves, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo: «No vamos a sacrificar a medio millón de personas que viven entre nosotros, que son parte de nuestra comunidad». Y el lunes, el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, afirmó que no van a colaborar con el Gobierno federal «en operaciones de deportación». «No es nuestro trabajo, y yo no voy a convertir eso en nuestro trabajo», añadió.

Durante la campaña, Donald Trump usó contra las ciudades santuario el caso de Kathryn Steinle, que fue asesinada en un área turística de San Francisco en 2015 por Juan Francisco López Sánchez, que había sido deportado a México en cinco ocasiones y siempre había vuelto entrar en EEUU. En aquella ocasión, Hillary Clinton también criticó la política de San Francisco –que es también un santuario–, mientras que el Gobierno de Obama echó la culpa al bloqueo republicano de la reforma inmigratoria, que ha creado un caos legal y político. Trump fue quien más lejos llegó al declarar que las ciudades que llevan a cabo esta política se verán desprovistas de transferencias fiscales del Estado federal. San Francisco recibe cada año 1.000 millones de dólares (930 millones de euros) en este concepto.

Por ahora, sin embargo, los ayuntamientos, aunque reconociendo que la pérdida de transferencias sería un problema financiero enorme, se niegan a dar marcha atrás. Toda la controversia, además, amenaza con crear nuevas líneas de fractura en EEUU, donde son las ciudades y los estados demócratas los que generan más actividad económica y los que subvencionan a los estados republicanos, que viven en su mayoría de actividades subvencionadas, como la agricultura, la minería, y el petróleo. A fin de cuentas, Microsoft, Amazon y Starbucks están en Seattle; Boeing, en Chicago, y la lista de gigantes de Internet que rodea San Francisco es interminable. Pero no hay empresas punteras en Cheyenne, la capital de Wyoming, donde Trump ganó por 30 puntos a Hillary Clinton.

La rebelión es notable porque casi todas las grandes ciudades del país son santuarios, incluyendo a la capital, Washington, que tiene su autogobierno muy limitado por el Congreso. También están en el grupo las mayores urbes de varios de los estados más republicanos, como Salt Lake City, en Utah, y Dallas, Houston, y Austin, en Texas. Hasta Phoenix, en Arizona, es una ciudad santuario, pese a que su sheriff fue, hasta estas últimas elecciones, Joe Arpaio, un aliado de Trump, que sostiene que Barack Obama nació en Kenia y que tiene una cárcel que es como un campo de prisioneros de guerra con tiendas de campaña y alambradas para los inmigrantes sin papeles.

Esta rebelión urbana ha acentuado las divisiones en Estados Unidos, un país en el que los demócratas dominan históricamente las grandes ciudades y los republicanos las zonas rurales, una tendencia que lleva produciéndose desde hace dos décadas y que en estas últimas elecciones se ha llevado al extremo. Pero el hecho de que sean las ciudades y no los pueblos los que se alcen contra Washington es nuevo.

Tradicionalmente son los territorios más rurales, sobre todo del sur y del oeste, los que reivindican la subsidiariedad y los llamados derechos de los estados frente al centralismo del Gobierno federal. Es un argumento que alcanzó su máxima virulencia con motivo de la esclavitud. Los estados del sur siguen alegando hoy en día que lo que ellos llaman «la guerra de agresión del norte» fue un intento centralizador de Washington de violar los derechos de los estados. En este caso, el derecho a tener seres humanos en propiedad.

Pero incluso durante la Presidencia de Barack Obama los estados del sur y del oeste se negaron a aplicar regulaciones del Gobierno federal en materia de inmigración. Es un ejemplo más de la problemática transición que EEUU está viviendo, aunque ayer al menos no hubo sorpresas en el Congreso, donde Paul Ryan, cuyas relaciones con el futuro presidente han pasado de glaciales a cordiales en días, se aseguró continuar en el puesto de presidente de la Cámara de Representantes.

Al margen de la cuestión política, la controversia expone los enormes retos políticos, organizativos, y financieros que representa la política de mano dura de Trump con la inmigración ilegal. Y eso incluye hasta los números de los expulsados. En la campaña amenazó con expulsar a todos los indocumentados, o sea, a unos 11,1 millones de personas. Ahora sólo habla de «los delincuentes o de los que tienen historial delictivo». Según Trump, «tenemos a muchos de esos, probablemente dos millones, acaso hasta tres millones». Pero en julio, en su discurso de aceptación de la nominación republicana a la Presidencia, dijo: «Esta noche, hay casi 180.000 inmigrantes ilegales con historial delictivo, cuya deportación ha sido ordenada, merodeando en libertad para amenazar a los pacíficos ciudadanos». En realidad, basta una regla de tres para ver que 180.000 es el 9% de tres millones. O sea, que Trump ha amenazado con expulsar a X indocumentados… o a 11 veces esa cantidad.