Primero fracasó en las urnas y ahora en el Parlamento. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, no logró ayer en el hemiciclo quitarse la espina que tiene clavada desde su derrota en el referéndum celebrado el pasado mes de octubre sobre el sistema de cuotas de acogida de refugiados pactado en la UE. La astilla está ahora incluso más profunda.

El gubernamental partido Fidesz perdió en el Parlamento la votación de una enmienda a la Constitución para introducir como novedad que «el asentamiento de ciudadanos no comunitarios en Hungría se realizará de acuerdo a las leyes nacionales», una norma con la que Orban pretendía revertir un referéndum que, pese a los esfuerzos vertidos por el Ejecutivo, fue invalidado por falta de quorum y quedó en fiasco.

Orban no necesitaba en esta ocasión contar con una participación y votos favorables del 50% del electorado, sino de una mayoría parlamentaria de dos tercios. Dado que todos los partidos opositores de izquierda habían anunciado que no apoyarían la buscada reforma constitucional, la voluntad de Orban pendía de los escaños del partido de extrema derecha Jobbik, aliado en la campaña por el no del referéndum de octubre como no podía ser ideológicamente de otra manera. Pero a diferencia de la consulta popular, el Jobbik quería sacar en esta ocasión rédito político y supeditó su apoyo a la reforma constitucional propuesta por Orban a la supresión de los llamados «bonos de residencia», documentos que proporcionan la residencia a ciudadanos no comunitarios siempre y cuando inviertan 250.000 euros en unos bonos especiales del Estado húngaro. Para Jobbik una forma vergonzosa de vender el país. El Ejecutivo rechazó la petición de Jobbik y hasta la calificó de «chantaje», aunque, conscientes de que necesitaban su apoyo en algunos ministerios, se hizo creer que había movimientos en esa dirección.

El partido gubernamental, con una mayoría de 131 escaños, necesitaba para sacar adelante su enmienda dos votos de las bancadas contrarias. Todos los partidos de la oposición se abstuvieron, 65 en total, mientras que tres diputados independientes votaron en contra.

Orban encaja por tanto dos derrotas consecutivas en su intento de liberar a la ya blindada Hungría de cualquier obligación de acoger migrantes en el marco de la legislación comunitaria, aunque expertos jurídicos difieren en cuanto al alcance de la ya fallida enmienda. Para algunos, la propuesta no afectaba al sistema de cuotas de la UE en tanto que en el texto se hablaba de «asentados» y no de la distribución de demandantes de asilo entre los Estados miembros. Para los juristas que no hilan tan fino, lo uno implicaba lo otro.

Al abandonar el Parlamento tras una sesión televisada en directo que no resultó ser la puesta en escena que el Gobierno esperaba, Orban, lejos de tirar la toalla, dijo que su partido estudiará la situación y valorará si presentar de nuevo una enmienda.