«Infierno». Es la denominación que emplea Pedro García Casas, el sacerdote encargado de la atención religiosa del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, para definir el ambiente de las instalaciones. El religioso también denuncia situaciones anómalas que se producen en el CIE, tales como «vacío legal, vulneración de ciertos derechos humanos, trato humillante y hacinamiento».

García Casas recordó que conoce los centros penitenciarios de «primera mano» y denunció que en el CIE de Sangonera la Verde «el trato es peor, más duro, humillante y denigrante que en las prisiones de la Región. En las pupilas de los internos se ve reflejada la marca del sufrimiento, sus caras están demacradas, la mayoría están desnutridos… Varios de ellos llevan las marcas de las concertinas de las vallas de Melilla», detalla el sacerdote en un texto. Incluso llega a asegurar que las cárceles son «un lujo» comparadas con el Centro de Internamiento de Extranjeros.

El capellán relata que tiene que acceder a este centro acompañado por la Policía Nacional y cuenta que algunos de los agentes llegan «con mascarillas, guantes y porras en la mano». Para entrar a la «fosa» – término que utilizan los internos y que el cura considera bastante ajustado a la realidad – , deben abrir con esfuerzo una puerta metálica con una gruesa cadena. Allí, el sacerdote observa «con espanto y horror» a unas ochenta personas procedentes de varios países, la mayoría africanos.

Podemos pide pisos tutelados

«Todos se encuentran hacinados en el mismo espacio; el lugar es totalmente inhóspito y lúgubre, huele mal y las paredes están llenas de garabatos en francés, árabe y español», relata. Todos ellos se encuentran en situación irregular; la mayoría acaban de llegar en patera a las costas españolas y están a la espera de su muy probable repatriación. El religioso pone como ejemplo el caso de Babakar, un africano de 24 años que le contó durante una de sus visitas al CIE de Sangonera cómo salió de Costa de Marfil, empujado por el hambre, la insalubridad, la falta de recursos y la corrupción en su país. «Tenía 60 días para buscar un abogado de oficio y hacer todos los recursos posibles para poder quedarse en España. Antes de ser repatriado prefería morir».

El contenido de este texto se conoció ayer, coincidiendo con la reunión que mantuvieron los diputados regionales de Podemos, María Ángeles García y Andrés Pedreño, con el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez – Solís. Tras el encuentro, Pedreño denunció que desde el motín de septiembre de 2015 sigue cerrada una de las salas de ocio y concluyó que «el modelo del CIE está caduco».

Su partido presentará hoy en la Asamblea Regional una iniciativa para plantear alternativas a estos centros, como los pisos tutelados y pulseras electrónicas para los inmigrantes. «Hay que proponer otras medidas de control a la inmigración porque se está encerrando a personas que no han cometido delitos y los funcionarios no tienen garantías de seguridad». Además, alertó de que «los fines de semana no hay atención médica porque el servicio lo presta una empresa privada, a pesar de que el reglamento del CIE establece que los servicios médicos sean públicos».

Escrito al Defensor del Pueblo

Por su parte, Convivir sin Racismo presentó ayer un escrito al Defensor del Pueblo denunciando «graves carencias» en el CIE y la continua presencia de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. «Eso está provocando unas condiciones especialmente duras del internamiento, un clima de tensión constante y un trato poco respetuoso hacia los internos, lo que habría generado, según los testimonios, represalias de distinta naturaleza. Es por lo que le pedimos tome las medidas necesarias».