Esto no es una evacuación, es una redada, un acoso moral. Van a llevarlos a comisaría y a expulsarlos. La indignación de Ashna, una veterana activista del colectivo Karama (Dignidad), es compartida por las asociaciones que este lunes han visto por novena vez consecutiva desde el pasado mes de julio llegar a la policía a la estación de metro Stalingrad acompañada de operarios del servicio municipal de limpieza y de una excavadora.

En este barrio del norte de París la hilera de tiendas de campaña donde malviven unos 2.500 exiliados (afganos, sudaneses, eritreos, somalíes, libios y sirios) entre los que hay una veintena de niños no ha hecho más que crecer en las últimas semanas. Aunque el Gobierno lo niega, muchas asociaciones vinculan el aumento del flujo al cierre de la llamada Jungla de Calais.

El despliegue policial comenzó a las 8 de la mañana de este lunes oficialmente como una operación de control de identidad de los acampados en esta zona próxima a la oficina administrativa donde los migrantes hacen cola para solicitar el estatus de refugiado.

Los afectados se mostraban entre perplejos y desorientados al ver cómo las tiendas de campaña, colchones y enseres desperdigados por el asfalto acababan en un gran contenedor de basuras. Khenshiarn era uno de ellos. Mientras presenciaba las labores de limpieza, este afgano de 32 años que huyó hace meses de Kunduz, blandía la hoja del dosier que le acreditaba como solicitante de asilo. Otros no tienen ni siquiera ese papel.

Muchos tienen su documentación en el interior de las tiendas y nadie les ha avisado. Las personas que están aquí han iniciado los trámites para solicitar asilo y tienen unos derechos que no se están respetando, explicaba a este diario Yann Le Bec, estudiante y miembro de la asociación Sciences Po Refugee Help.

El revuelo era también patente entre los vecinos, acostumbrados ya a la repetición periódica de estas escenas sin que se adopten soluciones dignas más allá de la mera urgencia. Es una vergüenza. No sólo de Francia, sino de Europa. Luego nos extraña que aumente el radicalismo, se lamentaba una abogada.

Todo indica que los controles policiales de este lunes son el preludio de un desalojo que se llevará a cabo esta misma semana para trasladar a los refugiados a centros de acogida. El Gobierno ha prometido habilitar 9.000 plazas suplementarias y el Ayuntamiento de París habilitará un centro humanitario en el norte de la capital.

Sin embargo, el campamento prometido por la alcaldesa Anne Hidalgo para mediados de octubre todavía no ha abierto sus puertas y, cuando lo haga, sólo tendrá cabida para 400 personas durante un tiempo máximo de 10 días.

Mientras, en Calais, siete días después de iniciada la evacuación, se han desmantelado este lunes los últimos refugios de la llamada Jungla. El supuesto éxito del que presume el Gobierno tras la gigantesca operación administrativa para repartir por el territorio nacional a unas 6.500 personas tendrá que ser ahora corroborado por la realidad.

La suerte de entre 200 y 400 menores no acompañados que, según las asociaciones humanitarias, tuvieron que dormir al raso por falta de plazas en Calais o las 90 personas que acabaron en centros de retención son la otra cara de la moneda.

Muchos migrantes no renuncian al sueño de llegar al Reino Unido y Calais, con o sin Jungla, sigue estando a 40 kilómetros de la costa británica. En la Unión Europea no parece cercana una salida digna al drama de la inmigración.

Londres se hace de rogar antes de abrir la puerta a miles de adolescentes que tienen familia al otro lado del Canal de la Mancha y en París el desmantelamiento parcial de este lunes no impidió que dos horas más tarde las aceras del barrio de Stalingrad volvieran a llenarse de tiendas de campaña. “Es una Europa fortaleza”, resumía Aline mientras intentaba organizar las cosas para ofrecer meriendas a los refugiados.