Los obstáculos habidos para la firma, ayer, del tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá demuestran la fragilidad en que se encuentra la organización comunitaria. El bloqueo del acuerdo por parte del Parlamento de Valonia, que obligó a la suspensión temporal de la cumbre entre Bruselas y los representantes del país norteamericano, pone de manifiesto las dificultades de aunar los intereses generales europeos con los nacionales e incluso los regionales.

Desde que en mayo del 2009 arrancó la negociación del tratado comercial entre la UE y Canadá, algunos países vieron con recelo un acuerdo que afectaba a sus intereses. En Alemania, por ejemplo, el Constitucional cuestionó la legitimidad de los tribunales de arbitraje del CETA para resolver los litigios entre estados y empresas. Este fue también el argumento del Ejecutivo de Valonia para oponerse al tratado, cuestión que finalmente ha quedado en el aire, puesto que el Parlamento de la región se reserva el derecho de denunciar lo acordado en el plazo de un año. Aunque la resistencia valona fue al final vencida, la reserva por el arbitraje judicial deja el tratado pendiente de esta decisión regional.

La cuestión es que un Parlamento regional europeo, en este caso el valón –que representa a tres millones de ciudadanos–, puede constituirse en una amenaza para un acuerdo de la Unión, que requiere la unanimidad de sus estados y afecta a quinientos millones de europeos. En el caso belga, sucede así porque el Estado transfirió en su día, por razones políticas debidas a la especial estructura territorial del país, a los parlamentos regionales –flamenco y valón– los poderes en materia de comercio internacional. Desde la óptica comunitaria y, en especial, desde las instancias eurócratas, lo ocurrido es percibido como una peligrosa cesión a las fuerzas desintegradoras en la Unión. En cambio, para quienes reclaman la necesidad de que Europa base su estructura en las regiones más que en los estados, el bloqueo valón al acuerdo con Canadá es un hito hacia una UE más acorde con la compleja realidad europea.

Por supuesto que la fragilidad europea no viene determinada por el peso de sus regiones, sino por la falta de una definición política que acerque la UE a los ciudadanos. Ocurre además que las presiones que impone la globalización tienden a aumentar esta distancia desmovilizadora que adquiere, en ocasiones, tintes dramáticos, como los ocurridos a consecuencia de la crisis económica o del alud de refugiados en demanda de asilo político. En este escenario en que la organización comunitaria se encuentra contra las cuerdas, la posición valona puede parecer incluso extravagante.

La UE encara ahora otra crisis no menor. Holanda puede retirarse del acuerdo de asociación con Ucrania si, finalmente, el Gobierno no logra los apoyos necesarios para sortear el resultado negativo del referéndum celebrado en abril. Y como la unanimidad es preceptiva, el acuerdo con Kíev puede acabar en papel mojado, con las consecuencias que tendría en la frontera oriental de la Unión. Otro ejemplo de que la UE precisa un cambio profundo que revitalice las dinámicas democráticas y la aleje de las superestructuras administrativas y burocráticas que deciden a espaldas del ciudadano europeo, como demuestran los problemas con Valonia y Holanda. Porque más que un no a Ucrania, el citado referéndum holandés fue un claro rechazo a la forma de proceder de Bruselas.