entidades sociales, Ayuntamiento de Irun, asociaciones de vecinos y la propia sociedad civil llevan años intentando solucionar el problema de convivencia surgido con una parte muy reducida de la población gitana residente en la parte vieja de la ciudad. La propia Guardia Municipal reconoce que el problema se ha enquistado desde hace demasiado tiempo. Agentes de la Ertzaintza y locales se turnan patrullando la zona. Hay vecinos y comerciantes que han sido víctimas de algún que otro episodio delictivo; otros, simplemente, evitan transitar por la zona. Todo el mundo sabe, en todo caso, que la solución no pasa por la vía policial, y que se impone una labor de mediación. Existe un referente cercano que todo el mundo quiere evitar, localizado en el barrio de Abetxuko, en Gasteiz, con una familia de etnia gitana conocida como los Pichis, en el centro de la polémica tras protagonizar diferentes altercados que han suscitado protestas de centenares de vecinos, que piden su marcha. El caso ha llegado esta semana al fiscal superior del País Vasco. En primer lugar, es preciso contextualizar el problema en Gipuzkoa. La comunidad gitana de la comarca del Bidasoa la conforman un millar de personas, casi todas ellas residentes en Irun. Se reparten en 180 familias de las que 25 atraviesan serias dificultades sociales. De estas últimas, en torno a “una veintena de personas” son las que vienen ocasionando problemas de convivencia, especialmente en la parte vieja de Irun, donde residen. Según la información facilitada a este periódico por agentes sociales que trabajan con estas personas, el conflicto, por tanto, proviene de un 2% de la comunidad gitana asentada en la comarca. ¿Pero cuál es el problema? Partiendo de la base de ese porcentaje reducidísimo de conflictividad, parece evidente que la diversidad cultural no representa, en sí ningún problema. ¿De dónde surge el conflicto? Se trata de familias que atraviesan “graves problemas sociales”. Su problemática es muy diversa: ámbito relacional, económico, de vivienda, sanitario (enfermedad mental, toxicomanía), violencia de género… “No es que la comunidad gitana sea un problema en sí, ni muchísimo menos. De lo contrario estaríamos hablando de un millar de gitanos problemáticos”, precisan las entidades sociales. diferentes escalas socialesLas clases más desestructuradasFracaso escolarLos propios comerciantes y vecinos han reconocido a este periódico en varias ocasiones la abierta relación que mantienen con miembros de esta comunidad. Pero entre ellos existen diferentes escalas sociales. En ese sentido, los problemas se focalizan en las clases más desestructuradas, en torno a esas 25 familias. Todas ellas vienen de un alto índice de fracaso escolar y, en la actualidad, no encuentran ningún espacio de trabajo ni promoción. “La situación en la que viven es una bomba de relojería”, sostiene Mabel Cenizo, trabajadora social en Cáritas.Esta socióloga lleva dos décadas de dedicación a la comunidad gitana de Irun y Hondarribia. Desde su amplia experiencia observa “un serio problema”, en concreto, entre la población más desfavorecida de entre 18 y 25 años. La gitana, por sus referencias culturales es, quizá, “la más ruidosa”, pero dentro de ese sector social “sin proyecto vital” también se encuentran muchos jóvenes marroquíes de la comarca. “Los datos nos dicen que existe muy poco apoyo social en esta franja de edad”, observa la socióloga. Llegados a este punto, sigue planteándose la misma pregunta. ¿Por qué no se ha encontrado una vía de encuentro con las familias más problemáticas de la parte vieja de Irun? “Tenemos que plantearnos tanto las entidades sociales como la Administración pública – Ayuntamiento de Irun, Diputación y Gobierno Vasco – cómo estamos atendiendo y acompañando estas situaciones. Es cierto que tenemos un sistema de protección social muy valorado que protege de la pobreza extrema a muchas familias pero también es verdad que tenemos una política social muy parcializada”, sostiene Cenizo. La respuesta que precisan estas familias se topa, debido a ese amplio abanico de necesidades latentes, con una maraña competencial entre la Administración local, la Diputación y el Gobierno Vasco. Por decirlo de un modo más gráfico, la política de vivienda es un departamento diferente al de recursos económicos, que a su vez no guarda relación con el sanitario, el judicial, el de violencia de género o de protección a la infancia. “Cada departamento, de forma independiente, diseña intervenciones diferentes y contrapuestas para este grupo de familias”.En opinión de la trabajadora social “no hay en Gipuzkoa una visión global ni integral para intervenir con la exclusión social grave. No lo hay en ningún colectivo, ni con la comunidad gitana ni con otras. Claro que tenemos una política social que favorece la cohexión social, pero no podemos ser complacientes. Ponemos en valor la política social que desarrollamos, pero tenemos que mirar dónde están las fallas que no funcionan”.Así, el problema no aflora de un modo tan visible con las familias que viven en situación de vulnerabilidad, por que, mal que bien, gestionan su vida y disponen de recursos y resortes para buscar salidas. El conflicto surge en las capas sociales más bajas. “En la medida en que estas familias se van deteriorando, esos recursos y resortes desaparecen. Por eso tenemos que tener otra mirada y otro tipo de intervención con estas personas que pertenecen a la exclusión social más grave. Hay que intentar diseñar un plan integral. No es la cultura la que está marcando esa situación, sino la grave situación en la que se encuentran estas personas”, insiste la trabajadora social de Cáritas en Gipuzkoa.